La ex alcaldesa de Tarazona alega ante el tribunal que confió en los técnicos

Zaragoza. "Yo confié en los técnicos del Ayuntamiento". "Me informaban jurídicamente porque yo no tenía los conocimientos...". "Era imposible para mi supervisarlo todo antes de firmar". Son algunos de los argumentos que ayer esgrimió la ex alcaldesa de Tarazona, la socialista Ana Cristina Vera, ante los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Vera se sentó en el banquillo acusada de un delito de prevaricación por haber otorgado licencia de primera ocupación para 22 viviendas "irregularmente construidas" en el barrio turiasonense de La Faceda.

El fiscal pide para ella siete años de inhabilitación para empleo o cargo público como concejal o alcalde y una pena de multa de 3.600 euros. Según el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito relativo a la ordenación del territorio. Por su parte, la acusación particular solicita que la inhabilitación sea de diez años; y su defensa, ejercida por el abogado Javier García Huici, pide la absolución de la ahora concejal en la oposición del Ayuntamiento de Taraznoa y también diputada en las Cortes de Aragón.

El juicio duró más de dos horas y la ex alcaldesa estuvo arropada por la cúpula socialista del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza. Entre otros, estuvieron Jesús Miguel Franco, portavoz del PSOE en las Cortes, así como el vicepresidente de la DPZ, Martín Llanas, y los diputados Francisco Compés, Feliciano Tabuenca o Juan Antonio Sánchez Quero.

Según consta en el escrito de calificación fiscal, la acusada otorgó el 26 de octubre de 2004 la licencia de primera ocupación para las viviendas "irregularmente construidas pese a conocer que el proyecto ejecutado no se ajustaba al Plan General de Ordenación Urbana del municipio". Además incide en que esta circunstancia constaba en el informe del arquitecto municipal, Laureano Zardoya, que fue previo al acuerdo de concesión de licencia.

Este técnico, que ayer declaró como testigo de la acusación particular, aseguró durante el interrogatorio que, tras visitar algunas de las viviendas construidas, comprobó que el proyecto no se ajustaba a los parámetros de viviendas protegidas (VPO) que estaban previstas. "No se denegaba la licencia, pero se advertía de que incumplía el PGOU", añadió. "Considero que el informe -dijo después de volver a ver el documento- era desfavorable porque se incumplía la licencia de obras. Dar la de primera ocupación en este caso es aumentar el problema".

Otra de las testigos, Alejandra Aguado, que se encarga de temas jurídicos en el Ayuntamiento turiasonense, aseguró que en el informe externo solicitado al abogado Francisco Sáenz de Buruaga se advertía "de las incorrecciones en la concesión de las licencias". Además, indicó que el informe recomendaba que sea en el PGOU (que estaba en revisión en ese momento) donde se intentara regular esta situación.

El juicio sigue dos días más

El juicio continuará hoy a partir de las 9.30 con las declaraciones de otro testigo de la acusación particular, en representación de la Asociación para la Defensa en la Adquisición de la Vivienda (Adavi), y los dos solicitados por el fiscal.

El viernes seguirá la sesión en la misma Sala de lo Civil y Penal del TSJA, donde se está celebrando la vista por la condicion de aforada de la diputada socialista. En esta ocasión serán los testigos de la defensa quienes testifiquen. Ayer, la acusación particular renunció a la declaración de Luis María Beamonte, actual alcalde de Tarazona (del PP) y otro de los testigos, que se encuentra residiendo en Bruselas.