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Aragón

COMUNIDAD DE CALATAYUD

Partidos e instituciones piden que no se suprima el juzgado itinerante de Calatayud

Los cuatro grupos municipales, la comarca, la DPZ y la Federación de Municipios ya han reclamado que se mantenga este servicio

El consejo comarcal de la Comunidad de Calatayud, el pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ya han expresado su respaldo al Ayuntamiento de Calatayud, que solicita la continuidad del juzgado itinerante de lo penal. Desde 1990, en los juzgados bilbilitanos podían celebrarse las vistas orales de procedimientos penales abreviados, gracias a que el juzgado de lo penal número 8 de Zaragoza se desplazaba a la cabecera de este partido judicial una vez al mes. Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) decidió suspender la itinerancia desde el 1 de septiembre.

 

Así, los imputados en estos juicios por delitos menores, los testigos, abogados, procuradores y en algunas ocasiones los miembros y cuerpos de seguridad de Estado deberán trasladarse a Zaragoza.

 

Cuando a principios de junio los profesionales del derecho que ejercen en Calatayud conocieron la decisión del TSJA, lo comunicaron al Ayuntamiento. Solo unos días después, en un pleno se tomó el acuerdo unánime de solicitar copia de la resolución, de personarse en el expediente y recabar el apoyo de instituciones y grupos políticos para revocar la medida.

 

Desde algunas administraciones ya se han pronunciado, y el próximo lunes, según explico el alcalde bilbilitano, Víctor Ruiz, los portavoces de todos los grupos municipales más un representante de los abogados del municipio se reúnen con el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, para trasladarle la inquietud por la supresión del servicio.

 

El pleno acordó también cursar esta reivindicación a los grupos parlamentarios en las Cortes y en el Congreso de los Diputados, y Ruiz solicitó además una reunión con el presidente del TSJA. En la notificación que recibió el Ayuntamiento, se indicaba que la Junta Sectorial de Jueces de lo Penal acordó en marzo proponer a la Sala de Gobierno del TSJ de Aragón la suspensión del servicio, lo que esta ratificó el 22 de mayo. El acuerdo se basó en los datos sobre "el escaso número de causas procedentes de los Juzgados de Instrucción de Calatayud" recibidos entre los meses de abril de 2008 y 2009, así como en la mejora de las comunicaciones con Zaragoza.

Unas 665 personas afectadas

Los casos que se atendieron en ese periodo fueron 95, una cifra que tanto los profesionales del derecho en la ciudad como los responsables municipales estiman relevante, ya que se verían afectadas unas 665 personas (en cada procedimiento hay implicadas de media siete personas).

 

Para apoyar su reivindicación, desde la corporación recuerdan que la mayor parte de los municipios del partido judicial bilbilitano están a más de 80 kilómetros de la capital, y que para desplazarse a Zaragoza antes tienen que llegar a Calatayud y, desde aquí, coger un autobús hasta los juzgados zaragozanos. Porque, además, los trenes del AVE no se ajustan a unas horarios prácticos. Sostienen desde el Consistorio que es más sencillo el desplazamiento en taxi del juez y el secretario a Calatayud que el de las personas que participan en cada causa a Zaragoza.

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