El polígono de Tarazona, desbloqueado tras 31 años de litigio con unos vecinos

El polígono de Tarazona está desde ayer, tres décadas después, desbloqueado. El Ministerio de Industria y el Ayuntamiento turiasonense firmaron ayer con un particular el acuerdo extrajudicial con el que se aclara la venta de varias parcelas. Esto permitirá regularizar la situación de 25 empresas ya instaladas y propiciará además la llegada de dos nuevas firmas, que crearán casi 250 nuevos puestos de trabajo. El pacto se ha cerrado en torno al millón de euros, de los que el Gobierno central aporta un 80% y el Consistorio, el 20% restante.

El conflicto comenzó en 1977, cuando la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (Sepes) vendió como suyos unos terrenos de la vecina turiasonense Amparo Lacarta. En esa zona se erigen actualmente tres empresas que se vieron involucradas: Aragonesa de Componentes Pasivos, Componentes y Manipulados Tarazona y Transportes Luis Ramas. "Debo pedir disculpas en nombre del Ayuntamiento y por las molestias, inconvenientes y atropellos que hemos causado a muchos empresarios", declaró Luis María Beamonte, alcalde de Tarazona.

Ayer se formalizaron las escrituras de adquisición de las fincas, lo que implica la retirada de todos los procedimientos judiciales abiertos. En la rueda de prensa no se desveló la cuantía del acuerdo económico. "Seguro que en términos sociales, económicos y de desarrollo de la zona va a salir barato para todas las administraciones", dijo Moza, director de Promoción y Desarrollo de Sepes.

Además, quedan 150.000 metros cuadrados restantes de suelo industrial para llenar, y parece que el Sepes apuesta por el futuro del polígono de Tarazona. "De aquí a nada, tendremos que empezar a hablar el alcalde y yo de qué pasa cuándo se nos acabe el suelo. Ese momento llegará, pero lo que tengo claro es que lo de hoy es una grandísima noticia que va a crear empleo, riqueza y trabajo", señaló Francisco Moza.

Años de juicios

Hasta llegar a este punto, se ha recorrido un largo camino. En 2002, Amparo Lacarta demandó al Sepes, junto a las tres empresas implicadas, ante los Juzgados de Tarazona, que un año después daba la razón a la parte demandante y ordenaba que ninguno de los acusados realizasen ningún "acto de disposición" sobre las parcelas.

Ello implicaba que Sepes no podía disponer de ninguna en la recién ejecutada segunda fase, con el freno que ello suponía para el desarrollo de la localidad. Ayer finalmente se llegó a un acuerdo extrajudicial, tras más de un año de negociaciones entre el alcalde turiasonense, el director Francisco Moza y Amparo Lacarta.

Como consecuencia de este conflicto, durante este 2008, dos nuevas empresas que pretenden instalarse en Tarazona, Visoplast y Ades, se han visto obligadas a paralizar las obras de construcción por sendas resoluciones judiciales, al estar parte de sus instalaciones en una parcela de Lacarta.