La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Caspe ha imputado por un presunto delito ecológico al alcalde de Chiprana, Francisco Javier Nicolás García (PAR), al que un empresario local denunció hace más de dos años por un presunto desmonte irregular. El ayuntamiento fue autorizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y por el Gobierno aragonés para explanar una parcela de casi dos hectáreas en el paraje de "La Sarda", con el fin de construir allí una zona de esparcimiento y un museo dedicado al río. Sin embargo, el denunciante considera que las obras ejecutadas en el meandro van más allá de un simple allanamiento, y han servido para extraer alrededor de 84.000 metros cúbicos de gravas con un beneficio neto de más de 230.000 euros.

La empresa encargada de llevar a cabo el movimiento de tierras ha sido Hormigones del Pirineo S. A. (Horpisa), que precisamente cuenta con una planta en el término municipal, a escasa distancia de los terrenos explanados. El representante de la sociedad, Mariano Satue Talón, también ha declarado ya en calidad de imputado por estos hechos. Durante un periodo de unos cuatro meses, los camiones estuvieron trasladando los áridos extraídos a la citada gravera, en un circuito constante de vehículos que parece que afectó al pequeño negocio de envasado de encurtidos del denunciante. "No se tomaron las medidas obligatorias para un desmonte de estas características, y las instalaciones terminaron llenándose de polvo y tierra, lo que afectó bastante al trabajo", explica Alejandro Navarro, abogado del empresario.

Los denunciantes contrataron los servicios de un perito para calibrar el volumen de áridos extraídos, y este emitió un informe que obra en poder de la jueza de Caspe. El técnico declaró a finales del pasado mes de marzo en calidad de testigo y explicó que visitó las obras en tres ocasiones en un periodo de cuatro meses. El perito dijo que "la solicitud que el Ayuntamiento presentó a la CHE era de explanación, pero lo que allí -en la parcela de "La Sarda"- se estaba trabajando no era una explanación". "Esa documentación -añadió- cumplía un trámite burocrático, pero no correspondía con la realidad de las obras".

Para calcular el volumen de áridos extraídos, el perito explicó que tomó como referencia los planos topográficos del Ayuntamiento de Chiprana y que podría caber un error máximo "de un 10 o 15 por ciento". Sin embargo, fuentes municipales consideran que estas cifras son "bastante especulativas", y dicen que la cantidad de tierras que se han sacado de la parcela no supera los 60.000 metros cúbicos.

"Cuando denunciamos la extracción de gravas, lo hicimos porque vimos que no se había humedecido la zona ni se habían adoptado otras medidas obligatorias", explica el letrado Alejandro Navarro. "Sin embargo -continúa-, al ver que estábamos hablando de 84.000 metros cúbicos, pensamos que también podría haber una apropiación indebida".

Cuando la jueza tomó declaración al alcalde, el abogado del denunciante preguntó por los posibles beneficios obtenidos por la tierra. El alcalde, Francisco Javier Nicolás García, dijo que "todavía no se ha hecho la liquidación final" con Horpisa.

Por su parte, el representante de la empresa dijo a la jueza instructora que "de esa tierra no se ha obtenido ningún beneficio, porque no es válida para el tipo de actividades que la empresa realiza". Mariano Satue Talón también explicó que no han recibido nada en relación con este trabajo, y que tampoco han emitido factura al ayuntamiento.