Llegó tras enterarse de que en Ricla se iba a construir una macrourbanización con campo de golf. Su objetivo, al parecer, no era otro que conseguir, al precio que fuera, que el concejal de Urbanismo le facilitara poder construir en estos terrenos. Lo intentó una vez y otra y hasta, supuestamente, llegó a meter en el bolsillo de este edil un pagaré al portador por valor de 150.000 euros. Pero le salió mal: el concejal lo denunció y la Guardia Civil lo detuvo el pasado martes como presunto autor de un delito de cohecho.

El arrestado, Pedro José A. A., que ya ha pasado a disposición judicial, tiene 63 años y es vecino de Zaragoza. Su nombre saltó a la palestra en la década de los noventa tras protagonizar un secuestro primero y verse implicado, después, en irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Según relató ayer el concejal de Urbanismo del Consistorio riclano, Imanol Arteaga, hace aproximadamente dos meses que recibió la primera visita de este hombre. "Vino al taller donde trabajo y me intentó sobornar", afirmó. "Estaba interesado en la urbanización que se va a construir en Ricla. Quería que saliera cuanto antes para entrar ahí como constructor", añadió.

El munícipe y él llegaron a verse en tres ocasiones más, además este último le telefoneó en numerosas ocasiones. "Le decía que me dejara en paz, pero él seguía insistiendo -apuntó Arteaga-. El último día que nos vimos en un lugar del pueblo (no lo concretó) me ofreció el pagaré de 150.000 euros, pero yo no lo quería y, al final, me lo metió al bolsillo". Inmediatamente después, el edil lo denunció (el pasado jueves).

Lo que el ahora detenido quería agilizar era la construcción de una urbanización con campo de golf, un proyecto previsto ya con anteriores corporaciones y que la nueva ha vuelto a recuperar. Sin embargo, Arteaga quiso dejar claro que no existe ningún vínculo entre el arrestado y la promotora del proyecto.

De momento, el convenio que incluye la urbanización de hasta 75 hectáreas (25 de urbanizable delimitado, 25 no delimitadas y 25 de reserva) y un campo de golf está en exposición pública. Una vez que concluya el periodo de alegaciones, se llevará a pleno y, posteriormente, deberá pasar por la Comisión de Ordenación del Territorio, a la que ya se ha remitido una copia previa del convenio.

Entre otras cuestiones, el documento inicial consensuado entre la promotora y el Consistorio incluye la construcción por parte de la empresa de un centro de salud, una residencia de ancianos y una pasarela sobre el río, entre otras cosas.

Los antecedentes

Pedro José A. A., natural de Tauste, fue condenado en 1990 a doce años de cárcel por secuestrar en 1983 al hijo de un comprador de cereales de Madrid que había estafado 70 millones de pesetas a varios agricultores de las Cinco Villas, entre los que estaba él. Después se pasó al gremio de la construcción y, en este ámbito, tampoco fue trigo limpio, aparentemente.

En 1994 lo acusaron de entregar presuntamente dos millones de pesetas al entonces arquitecto técnico del Ayuntamiento de Zaragoza para que este agilizara los trámites administrativos para la licencia de obras de una residencia de ancianos en la calle de Arzobispo Morcillo que se ofertó después como inmueble de uso residencial. Esta cuestión llevó también a que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón investigara al gerente de Urbanismo, José Enrique Ocejo.

Pedro José A. A. era amigo personal del entonces concejal José Luis de Torres. Precisamente, un año después, este edil (tránsfuga) sería condenado a seis años de inhabilitación por considerarle criminalmente responsable del delito de prevaricación por la adjudicación de una obra municipal a la empresa de Pedro José A. A. de forma irregular.