La Muela obvió la normativa en el pago de 3,7 millones en gastos, según Intervención

El Ayuntamiento de La Muela aprobó en julio del año pasado el pago de 3,7 millones de euros en gastos generados por la sociedad urbanística municipal pese a la "irregularidad en la tramitación" de que alertaba un informe de Intervención. Varias partidas, además, provenían de servicios contratados desde esta entidad pero que quedaban fuera de su objeto social, como el transporte de Centrovía a Zaragoza.

El informe de fiscalización está fechado el 14 de julio de 2007, seis días antes de la celebración de la sesión plenaria que aprobó el reconocimiento extrajudicial de créditos. Al final de sus conclusiones, el documento apunta incluso que la medida aprobada por el Consistorio -con el voto en contra de PP y PSOE- podría conllevar la "exigencia" de las "responsabilidades" referidas en el reglamento de las administraciones públicas.

Intervención reseña en una serie de puntos sus dudas sobre la aprobación de estos gastos originados por la sociedad urbanística y que el pleno muelano aceptó costear. En primer lugar, el funcionario destaca que estos pagos no fueron autorizados ni reconocidos por el "órgano municipal competente". Algunos de los encargos gestionados por la sociedad urbanística, como la implantación del servicio de autobús de Zaragoza a Centrovía o bien la contratación de la seguridad de este polígono, no fueron aprobado por el pleno, sino directamente por la entidad mercantil.

Después, y tras destacar que debería "acreditarse expediente de contratación alguno", Intervención incide en la "tramitación irregular" de estos gastos debido a la "falta de concurrencia" y en que el personal encargado de desarrollar los trabajos debería, "en caso de corresponder su pago al Ayuntamiento", haber constado "en la plantilla de personal municipal", según refleja el documento.

Pérdida de patrimonio municipal

La Muela recibió los 3,7 millones de euros con un reparto de dividendos de la sociedad urbanística. En el siguiente punto, el informe alerta de la posibilidad de que, en caso de que estos réditos se deriven de una enajenación "a un precio inferior al del mercado", esto podría suponer una "despatrimonialización del Ayuntamiento", lo que redundaría en un "fraude de ley".

En el último punto, Intervención señala que la "opción más simple" hubiera sido trasladar los 3,7 millones de euros en gastos a "pérdidas" en el balance de la sociedad municipal. Pero esta solución "parece que no convence".

La alcaldesa, María Victoria Pinilla (PAR), aseguró ayer que prefería esperar hasta conocer con exactitud en qué consistían los pagos referidos en el informe de Intervención, ya que no los recordaba "de memoria", aunque dijo creer que "todo" se había ratificado "en el pleno". Sobre los servicios impulsados por la sociedad urbanística que no entran en su objeto social, Pinilla alegó que al no haber "partida presupuestaria" en el Ayuntamiento se decidió contratar a través de la entidad mercantil municipal.

Desde el PSOE, su portavoz, Goya Torres, criticó al equipo de gobierno por estas "irregularidades". "Esto, más que una Administración parece una empresa privada, se saltan todas las normas", lamentó Torres. Mientras, la portavoz del PP, Marisol Aured, calificó de "lamentable" la forma de actuar del gobierno muelano, que consideró una "irresponsabilidad". "Estan privatizando los servicios", abundó Aured. Tanto estas formaciones como CHA anunciaron que sus servicios jurídicos estaban estudiando el informe por si pudiera acarrear consecuencias.

Esta no es la única polémica por la fiscalización del Ayuntamiento de La Muela. En octubre de 2006, la corporación se vio envuelta en otra, al salir a la luz una deuda con Hacienda de casi 3,5 millones. Al final, la corporación decidió hacer uso del 10% de aprovechamiento que le correspondía por el desarrollo de tres sectores para sufragar este importe, que provenía del IVA perteneciente a los ejercicios de 2003 a 2005 por las infraestructuras transferidas de la sociedad urbanística al Ayuntamiento.