La que fuera alcaldesa de Trasmoz durante las dos últimas legislaturas, la socialista María del Mar Salvador Miranda, debía haberse sentado ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza. Pero ni compareció ni justificó su inasistencia, y no era la primera vez que tenía que aplazarse el juicio en el que dos empresas de construcción la acusan de estafa, malversación y desobediencia. Por ello, la Sección Tercera de lo Penal ha ordenado a la Guardia Civil que localice a la ex edil y le comunique que si no comparece en la vista señalada para la semana próxima será detenida y conducida por las Fuerzas del Orden.

Las empresas que acusan a la alcaldesa son Aragonesa de Aguas y Vertidos y Aragonesa de Alcantarillados, a quienes adjudicó una serie de obras que se ejecutaron pero nunca fueron abonadas. Los trabajos se llevaron a cabo entre los años 2000 y 2001, y consistían en la mejora de la balsa de riego y la reparación de algunas conducciones de agua del municipio zaragozano. El importe total de las facturas ascendía a 122.271 euros, que los denunciantes reclaman ahora a la imputada.

Cuando las constructoras fueron contratadas, el Ayuntamiento de Trasmoz llevaba varios años sin aprobar los presupuestos. En esta situación, el Consistorio no podía adjudicar nuevas obras. El letrado de los denunciantes, Javier Notivoli, considera que "fueron víctimas de un engaño evidente", puesto que ellos desconocían esta circunstancia y actuaron "confiados" en la solvencia de un contrato municipal.

Los bancos adelantaron a los pequeños constructores el dinero para ejecutar los trabajos, pero ante el impago se les han embargado las casas e incluso alguna nómina.

Según la acusación particular, "la acusada no solo comprometió falsamente el pago de lo debido con su firma en los endosos, sino que llegó a suscribir un compromiso de pago que también incumplió y emitió cheques sin fondos". Aunque estaba previsto abordar este tema en un pleno celebrado el 20 de mayo de 2004, finalmente se 'cayó' del orden del día.

Los denunciantes acusan a la alcaldesa de un delito de malversación, alegando que la Diputación de Zaragoza concedió al Ayuntamiento de Trasmoz varias subvenciones para obras de abastecimiento, y el dinero no se utilizó para pagar a los contratistas. El Consistorio está personado en la causa, a través del abogado José Antonio Correas Biel, porque la acusación entiende que debe ser considerado responsable civil subsidiario.