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Aragón y otras cinco comunidades se alían contra el "suicidio demográfico"

Todos los territorios afectados están envejecidos y la natalidad se mantiene estancada.

Científicos, educadores y sociólogos alertan de la necesidad de incluir en la agenda política el "suicidio demográfico" que afecta a Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, territorios todos ellos que envejecen y en los que la natalidad se mantiene estancada.

Los especialistas coinciden en que cualquier desafío no se supera ignorándolo, y menos aún por la vía del lamento, pero sí trabajando en un pacto de Estado, como piden los gobiernos de estas comunidades autónomas, que reclaman un acuerdo que perviva en el tiempo, puesto que España tiene ante sí este déficit, el cual requiere soluciones.

En Galicia la preocupación es tal que ya se habla abiertamente de "alerta roja", un mensaje en el que inciden los participantes en un libro en el que se refleja este declive y se resume la situación del resto de España.

El portavoz del Instituto de Estudios de las Identidades y uno de los articulistas del volumen 'Galicia: ¿un pueblo con futuro?', Xosé Manuel González Reboredo, alude a la obligación cívica de llamar la atención sobre esta situación, que compromete el futuro, y en este sentido apela a "sumar voces" para instituir un camino reparador que mejore esta "desequilibrada reproducción biológica y sociocultural".

El economista Manuel Blanco Desar no cree que haya un exceso de dramatismo al tratar este asunto, y sí un "sueño eterno" que sin un punto de inflexión podría llegar a ser "cataléptico", y esto no es baladí, puesto que no pocos demógrafos -dice- consideran que cuando se baja de 1,3 hijos por mujer se llega a una "agonía colectiva".

Una situación, precisa, que puede ralentizarse con un pequeño repunte de la fecundidad y una importante aportación migratoria, afirma este experto, que invita a "no rendirse nunca", a buscar una salida y a construirla entre todos, en suma, "a despertar".

El geógrafo Carlos Ferrás demanda prestaciones económicas que formen parte de las ayudas públicas y reducción de impuestos a las familias con hijos en edad escolar, con el objeto de que criar hijos no suponga "una carga", por lo que son necesarias estas acciones en las políticas demográficas que se precien.

Como sociólogo, Santiago González Avión expone que la natalidad y la crianza son en este momento "un acto de solidaridad" con nuestro futuro como sociedad y, de forma específica, con los mayores de las décadas próximas.

Lo concreta: "Son los mayores que hoy criamos los que van a mantener nuestros sistemas de pensiones y de salud, los que van a hacer posible el bienestar de la sociedad en el futuro. Por eso su bienestar y su formación, así como sus oportunidades vitales, no deben considerarse como una cuestión exclusiva de sus progenitores, y sí de la sociedad entera".

Según su criterio, únicamente un pacto social orientado a la protección de la familia y de la infancia haría justicia, y no será posible sin que se asuma cuál es el panorama al que enfrentarse.

Xosé Manuel Villanueva, presidente de la Fundación Meniños para la Infancia, solicita apoyos efectivos, solventes en lo técnico y sostenibles en lo económico, pero, sobre todo, en lo social.

Tal acción, prosigue, junto con una evolución económica "razonable", es la que puede contribuir a paliar en parte "este problema económico que hoy tanto preocupa", y más en estas zonas.

No en vano, las seis comunidades mencionadas demandaron el pasado lunes en una ponencia en el Senado apoyo para impulsar un pacto de Estado contra la despoblación que esté liderado por el Gobierno central.

La consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta, Beatriz Mato, señala que este problema no se resuelve "de un día para otro", pero hay que ser conscientes de que los indicadores demográficos no han de quedar como un reducto para expertos y técnicos, y tampoco deben permanecer en un mero plano teórico.

Esa necesidad de que conviene "asegurar y ya" esa parte nueva de la pirámide poblacional la comparten el titular de Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, quien sugiere un sistema nacional de conciliación de la vida familiar y laboral; y su homólogo en el Principado de Asturias, Guillermo Martínez, que, una vez hay un diagnóstico, urge a poner los remedios.

El responsable aragonés de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, reclama la implicación de toda la sociedad, y la consejera castellanomanchega de Empleo y Economía, Carmen Casero, insiste en la importancia de que exista una implicación europea.

Una tesis que defiende el consejero de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Clemente Checa, que ve bastantes problemas similares en la Unión, por lo que cree que resultaría útil una "línea común de actuación". Todos ellos comparten este compromiso y piden que se hable con pasión y rigor sobre una cuestión instalada desde hace décadas.

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