35 años de autonomía, 35 retos de futuro

Con motivo del 35 aniversario del Estatuto de Autonomía de Aragón, que entró en vigor el 10 de agosto de 1982, expertos, técnicos y políticos de varias generaciones en materias como las instituciones, la función pública, la justicia, la educación, la sanidad, la universidad, la investigación, la industria, la economía, la agricultura y la cultura analizan el camino realizado a lo largo de estas tres décadas y media. Hoy se cumplen también diez años de la última reforma, la que terminó de equiparar a Aragón con el resto de las autonomías.

La actualización del Estatuto ha ampliado las opciones del autogobierno de la Comunidad, pero queda muchísimo por ejecutar y por poner en marcha, tanto desde el punto de vista legislativo como del competencial y de gestión. No es una cuestión exclusiva de los dirigentes políticos e institucionales, los aragoneses tienen ante sí retos de futuro muy importantes para intentar recuperar opciones de desarrollo y, sobre todo, replantearse el futuro.

Ese análisis, recogido en el suplemento especial que hoy publica HERALDO DE ARAGÓN, obliga a fijar una serie de metas que se pueden sintetizar en 35 grandes retos de futuro que, a modo de resumen, van explicados en estas páginas y que están muy relacionados con el sentir que expresan los aragoneses en las encuestas de opinión, como así consta en las primeras páginas de este ejemplar.

No es una casualidad que las preocupaciones ciudadanas coincidan plenamente con las competencias propias que gestiona y ejerce la Comunidad Autónoma, ni que la política, la economía, las pensiones, los impuestos, las infraestructuras y la precariedad laboral formen parte del elenco de cuestiones que más afectan a los aragoneses en su vida cotidiana.

Los problemas y las dudas que vienen generados por el escenario político actual, unidos a una cierta sensación de inestabilidad y de incertidumbre, hacen necesario poner el foco en las prioridades y, sobre todo, en las capacidades de autogobierno que tiene Aragón en su propio Estatuto de Autonomía, que apenas está desarrollado en toda su plenitud. Eso está relacionado con el contexto político nacional, la complejidad de las relaciones entre la Comunidad y el propio Gobierno central y sobre la falta de un pacto de Estado que cierre un proceso de construcción que lleva demasiado tiempo sometido a las necesidades de los partidos y a la presión de determinados territorios.

Una de las materias menos analizada en relación con el desarrollo autonómico y el autogobierno es la Administración pública de la Comunidad, fundamental para la descentralización y para hacer efectivos los derechos de los aragoneses. Los presidentes de las Cortes a lo largo de estas décadas (HERALDO ha reunido en esta ocasión a Antonio Embid, Juan Monserrat, Ángel Cristóbal Montes, José María Mur, José Ángel Biel, Antonio Cosculluela y Violeta Barba) son los más conscientes de los avances, pero también de los cambios que hay en la percepción sobre el valor de la autonomía y de las señas de identidad que tienen los aragoneses. Eso viene, aunque cada uno de ellos aporta matices, porque el valor del esfuerzo y de lo que ha costado ir construyendo el autogobierno no tiene la misma cualificación para las generaciones que partieron de cero y las que han nacido con el edificio ya construido. A lo largo de estos 35 años mucho se ha hablado de políticas sociales, cambios institucionales, señas de identidad, trasvases y autogobierno, pero muy poco de la Administración más allá de los líos con las ofertas de empleo público, los interinos y las oposiciones que acaban en los tribunales.

Precisamente, cómo tiene que evolucionar la Administración autonómica es uno de los asuntos vitales de cara al futuro y para el desarrollo del autogobierno. Las prioridades pueden resumirse en dos: cambiar la actual estructura –el modelo que aún pervive de los primeros años de la autonomía– y reordenar los efectivos humanos, redefiniendo qué tipo de servicios públicos deben (y quieren) prestarse y la manera de hacerlo. Así lo creen Ramón Salanova y José Manuel Aspas, dos de los entrevistados para el suplemento especial.

"Los primeros empleados públicos de la Administración autonómica –recuerda Aspas– vinieron de la central y de los entes locales (diputaciones y ayuntamientos). Por ello, la autonómica se creó a imagen y semejanza de la estatal, con la misma estructura de Departamentos-Consejerías (en vez de Ministerios), con servicios centrales y periféricos. Esto era lógico porque era lo que conocíamos, por eso se implantó y aún pervive en lo fundamental. Y quizá ese ha sido el problema, que no supimos romper con ese modelo". En opinión de Aspas (funcionario en excedencia desde 2005), ahora no tiene tanto sentido esta organización, por el avance de las comunicaciones y la posibilidad que da tener mejores medios y las nuevas tecnologías de la información.

Por su parte, Ramón Salanova (jubilado desde 2013 de la Función Pública y hasta hace unos días presidente en funciones del Consejo Consultivo de Aragón) explica que la Administración autonómica, tal y como está en la actualidad, "es el resultado de una evolución histórica y de la aportación de gente venida de distintos sitios. Y ahora la realidad es diferente. El modelo es antiguo –coincide con Aspas– y habría que cambiarlo porque la realidad social es distinta". Salanova, que fue director general de Administración Local durante ocho años, plantea la necesidad de analizar cuáles son las necesidades reales de servicios y de qué manera se están prestando. "Sé que política y jurídicamente esto es muy difícil de abordar –avanza– porque del análisis podría derivarse que hay áreas en las que sobra personal y otras en las que falta. Y la reordenación de efectivos es una cuestión muy complicada".

Aspecto en el que Aspas se muestra de acuerdo: "Fallamos en distribuir bien los recursos –opina el que fuera director general de Función Pública del Gobierno de Aragón–. Pero hay una gran resistencia interna a hacerlo".