Con la llegada de la democracia a España, uno de elementos a los que más importancia se le quiso dar desde diversos estamentos de la sociedad fue al diálogo social. Un interés que quedó reflejado en varios artículos de la Constitución. El 7, por ejemplo, reconoce que las asociaciones empresariales son estructuras básicas del Estado, pues "contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales".

Así, tanto estas entidades como los sindicatos se convirtieron en los agentes sociales del país, unos actores destinados a favorecer la paz social, un factor clave para atraer empresas e intensificar el desarrollo económico y la creación de empleo y que en Aragón ha ocupado un lugar destacado a lo largo de estos años.

Unas comunicaciones fluidas entre estos actores y los gobiernos que han cristalizado en proyectos tan importantes como la reforma laboral, que entró en vigor el pasado 31 de marzo y que ya en abril dejó un dato muy positivo en la Comunidad, con un incremento de 10.107 trabajadores con contrato indefinido con respecto al mes anterior.

Asimismo, en Aragón, destaca un año clave a este respecto: 1989. En el mes de febrero, el Gobierno autonómico, representado por José Ángel Biel, consejero de Presidencia; Luis Acín, consejero de Industria y Comercio; y Antonio Laguarta, consejero de Economía, se reunió con los agentes sociales para negociar el proceso de concertación social de la Comunidad. El acuerdo llegó el 22 de junio del mismo año, cuando el entonces presidente de Aragón, Hipólito Gómez de las Roces; junto con el presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón, Javier Ferrer; el presidente de Cepyme Aragón, Fernando Machín; el secretario regional de CC. OO., Lorenzo Barón; y el secretario regional de UGT en Aragón, José Antonio Cid, firmaron el primer acuerdo social de Aragón.

Unas relaciones cordiales en las que, por supuesto, se dan desacuerdos sobre algunas cuestiones en determinadas ocasiones. Precisamente para resolverlos existen instrumentos como el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), un organismo creado por CEOE Aragón, Cepyme, UGT y CC.OO. y financiado por el Ejecutivo autonómico que, además de ayudar a las partes a encontrar soluciones, representa un significativo ahorro de costes en materia de judicialización.

Mesa de Diálogo Social

Otro de los hitos de este ámbito se produjo en 2018, con la aprobación por unanimidad en el Parlamento autonómico de la Ley del diálogo social, que definió claramente lo que es este concepto y creó una Mesa de Diálogo Social, cuya primera reunión se celebró en el mes de enero de 2019.

Factores como la pandemia del coronavirus han supuesto nuevos retos en las relaciones laborales. Tanto este como otros desafíos seguirán siendo abordados en los próximos años por los agentes, conscientes que el diálogo social constituye uno de los ejes más importantes para lograr la cohesión socioeconómica del territorio.