En los juicios se puede ver y oír de todo. En los estrados se escenifican grandes tragedias, entretenidos melodramas y hasta situaciones cómicas, como la de aquel abuelo algo sordo que no entendía al presidente del tribunal cuando le preguntaba si juraba decir la verdad. Al requerirle ya a gritos su juramento, el otro se puso muy serio y lanzó uno pero de los del tipo blasfemia.

Ayer, un juez escuchó a dos vecinos de Pinseque que andan enfrentados porque uno dice que el otro mató a su gato de un disparo que presuntamente hizo desde su casa. El suceso se produjo el pasado mes de septiembre. El animal estaba en una urbanización de la localidad zaragozana cuando se escuchó una detonación y cayó muerto. Su dueño dijo que el disparo procedía de la casa de su vecino y avisó a la Policía Local.

Los agentes acudieron a su domicilio y le preguntaron si tenía alguna arma de fuego. Él respondió que tenía una pistola de balines de treinta años de antigüedad y sin guía, puesto que entonces no hacía falta, y se la entregó.

Situaciones así no son inusuales y se juzgan como faltas de daños. La peculiaridad de este caso es que la persona que dijo ser la propietaria del animal, encargó (y pagó) que se hiciera la autopsia al gato para demostrar que había sido «asesinado» y, concretamente, por su vecino. El informe médico, elaborado por un veterinario, fue aportado al Juzgado junto con un estudio de balística que hizo la Policía Local de la localidad zaragozana.

La autopsia reveló que el minino tenía incrustado un perdigón en el hueso del omóplato, pero que lo llevaba desde hacía seis meses, por lo menos. También demostró que la causa de la muerte había sido un disparo en el cuerpo, con orificio de entrada y salida. En este punto entraban los agentes, pero lo que descubrieron fue que el perdigón no correspondía a la pistola de balines del acusado y que el proyectil que lo mató no se encontró.

El denunciado, para quien el fiscal pide 175 euros de multa, negó los hechos y su abogado, Ramón Campos, impugnó todas las pruebas puesto que no fueron ratificadas en el juicio ni por el veterinario ni por los policías. En su informe, expuso que, con todo el respeto a los animales, en casos como este sería muy adecuada la mediación penal para evitar gastos a la Justicia y llegar acuerdos extrajudiciales.