La Organización Nacional de Loterías del Estado (Onlae) le cerró a comienzos de 2009 la administración que regentaba en la calle del Conde de Aranda de Zaragoza, y la Audiencia Provincial le acaba de condenar ahora a seis años de prisión. El lotero, Juan Carlos Robledo Blasco, fue juzgado el mes pasado por malversación de caudales públicos y falsedad documental, ya que la Fiscalía le acusaba de apropiarse de 127.505 euros del erario. Y aunque el hombre intentó convencer al tribunal de que se le «traspapelaron» 2.300 décimos del sorteo de Navidad y se le acumularon las deudas de varios clientes, la Sección Primera de la Audiencia no ha dado credibilidad a su versión.

Loterías detectó irregularidades en esta administración zaragozana en enero de 2009, cuando el lotero dejó de pagar los recibos que tenía pendientes con la Dirección General de Apuestas del Estado. El organismo lo denunció y le requirió formalmente la devolución del dinero. El acusado no ofreció entonces ninguna explicación convincente sobre lo ocurrido. Sin embargo, durante la vista oral, dijo que todo se debió a un «grave olvido». Explicó que 230 billetes de Navidad -2.300 décimos- se quedaron en la caja fuerte del establecimiento. Si no había podido venderlos, tenía que haberlos devuelto 24 horas antes del inicio del sorteo. Sin embargo, no se presentó en la delegación provincial de la Onlae hasta el 22 de diciembre, cuando los niños de San Ildefonso ya habían empezado a cantar los premios.

«Estamos hablando de un grave error», aseguraron los peritos de Loterías, que declararon por videoconferencia en el juicio. «Porque si esos décimos hubieran resultado premiados -apuntaron-, cualquiera podía haberlos cobrado». Los técnicos dijeron también que el lotero no les dijo tampoco en ningún momento que esos billetes permanecieran en la caja fuerte del establecimiento, como el acusado mantenía.

Juan Carlos Robledo manifestó también que parte de la deuda que adquirió con el Estado tenía su origen en los impagos de varios clientes habituales. Sin embargo, las cinco personas a las que el lotero denunció por estas deudas -casi todos hosteleros- negaron rotundamente haberle dejado de pagar.

Además de denunciar a estos clientes, el dueño de la administración presentó varios documentos supuestamente firmados por ellos, en los que presuntamente se reconocía el impago. En estos escritos aparecían las firmas de estas personas. Rúbricas que ellos tampoco reconocieron como propias y por cuya falsedad también se ha condenado al lotero.