ZARAGOZA

Los sindicatos recurrirán la suspensión

El presidente de la Junta de Personal del Consistorio ha explicado que, según los servicios jurídicos, el órgano competente para tomar una decisión relativa al pacto-convenio es el pleno.

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza presentará un contencioso administrativo contra la decisión tomada este miércoles por el Gobierno de la ciudad de suspender algunos aspectos económicos del pacto convenio.


El presidente de la Junta de Personal del Consistorio, Óscar Andreu, ha explicado que según los servicios jurídicos el órgano competente para tomar una decisión relativa al pacto-convenio es el pleno, espacio en el que se aprobó el acuerdo y una modificación que se aprobó durante su vigencia.


Según Andreu los sindicatos, cuyos responsables se han reunido para analizar la decisión del Gobierno de Zaragoza, han rechazado las medidas tanto por la forma como por el fondo y supone "dar una estocada" a la negociación colectiva del nuevo pacto que acaba de comenzar.


El portavoz de los trabajadores ha criticado que "siempre se carguen las tintas contra los empleados públicos" a pesar de los "esfuerzos" que, ha recordado, llevan haciendo desde 2008.


Andreu ha recordado que en 2009 ya acordaron aplazar el cobro de 1,2 millones de euros de atrasos para contratar personal temporal durante siete meses y que la bajada de sueldo que soportaron en 2010 ha supuesto un ahorro de 13 millones de euros, mientras que el alcalde y senador, Juan Alberto Belloch, se queda con el sueldo del Consistorio en lugar del de Senador "porque es mejor" y no renuncia a los "30.000 euros de dietas".


Para el presidente de la Junta de Personal, también resulta paradójico que se aprueben esos recortes para ahorrar dos millones de euros y luego el Ayuntamiento pague "2,6 millones de euros a una consultora para ver de dónde pueden ahorrar" con las empresas concesionarias de servicios públicos.


A juicio de Andreu, el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, "miente" al afirmar que la decisión adoptada hoy viene obligada por las medidas del Gobierno de España y cree que es una "coartada falsa" para quitar derechos a los trabajadores ya que es una decisión que no se está aplicando en el Ejecutivo autonómico.


Ante esta situación los sindicatos han acordado convocar asambleas para explicarles a los trabajadores la situación, realizar movilizaciones y hablar con los distintos grupos políticos del Consistorio para conocer su postura al respecto.