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TRIBUNALES

Los funcionarios dicen que el preso asesinado era conflictivo pero no aclaran los hechos

Según las acusaciones, el acusado Santiago D.C., tras un enfrentamiento previo ocurrido unas horas antes, entró en celda de la víctima, Antonio G.H., y le clavó un "pincho" en el tórax, causándole una herida que le originó la muerte.

EFE. ZARAGOZA Actualizada 20/12/2011 a las 14:36
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Vista de la torre central desde la que se vigilan las dependencias de la prisión de Zuera.JOSé MIGUEL MARCO

Los funcionarios de la prisión de Zuera que han declarado este martes, en la segunda sesión del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de Zaragoza contra dos reclusos por el presunto asesinato de otro interno, han afirmado que la víctima era "conflictiva y peligrosa" pero no han aclarado lo ocurrido.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del 2 de febrero en el módulo 9 de Zuera, donde, según ha manifestado el director del centro, se agrupan los reclusos más conflictivos, con numerosos expedientes sancionadores por posesión de "pinchos" carcelarios y acciones violentas.

Los funcionarios que han prestado declaración como testigos han coincidido en sus manifestaciones sobre el carácter "agresivo" del fallecido, convicto por el asesinato de un policía en El Prat de Llobregat (Barcelona), pero han asegurado desconocer como se produjo la agresión que terminó con su muerte.

Según las acusaciones, el acusado Santiago D.C., tras un enfrentamiento previo ocurrido unas horas antes, entró en celda de la víctima, Antonio G.H., y le clavó un "pincho" en el tórax, causándole una herida que le originó la muerte, mientras su presunto cómplice, Luis Rogelio V.M., vigilaba en el exterior.

Esta versión fue negada ayer por Santiago D.C., quien aseguró haber sido atacado repentinamente por la víctima con un "pincho", antes de verse envuelto en una pelea durante la que se apoderó del arma con la que provocó la muerte de su oponente.

Durante la vista de este martes, el interrogatorio de las defensas se ha centrado en el carácter de la víctima y en los datos recabados de los propios internos del módulo a través de confidencias y de mensajes que responsabilizaban al procesado de los hechos, aunque sin precisar como se produjo el incidente.

Los dos funcionarios que trabajaban en el interior del módulo el día en que se produjo la agresión han asegurado que durante la limpieza del comedor del recinto vieron que las miradas de todos los internos se dirigían al procesado y al fallecido, por lo que dedujeron que habían iniciado una discusión que podía desembocar en una pelea, que finalmente no se produjo.

Ambos funcionarios han explicado que a través de comentarios y confidencias de varios internos habían conocido que la víctima solía "amedrentar" a otros reclusos para arrebatarles los fármacos con los que se medicaban.

Su testimonio ha sido corroborado por el director del centro penitenciario, quien ha confirmado que la víctima iba a ser trasladada tres días después de ocurrir los hechos debido a las dificultades que tenía para adaptarse.

"Sospechábamos -ha resaltado- que cuando llegaban internos nuevos los intimidaba para hacerles pagar el café o apoderarse de su tabaco, pero debido al silencio carcelario no eran datos confirmados sino confidencias de otros reclusos".

Ha admitido que en sus declaraciones sumariales manifestó al instructor que consideraba a la víctima "un preso muy peligroso que tenía amedrentados a otros internos", además de ser "antisocial y conflictivo".

El subdirector de Seguridad del centro también se ha referido al carácter "complicado" de la víctima y a las "confidencias" recibidas en cuanto a sus prácticas con otros reclusos de su módulo.

Durante la jornada, ha declarado el médico del centro que atendió a la víctima, para quien la herida, que le produjo una grave hemorragia interna, era "mortal de necesidad".

Este profesional ha rechazado de forma enérgica unas alusiones hechas por la defensa del procesado en relación a una praxis médica por parte de los equipos de emergencia desplazados al centro que pudo "perjudicar" a la víctima.

Fiscalía y acusación particular solicitan para los procesados penas de 20 años de prisión e indemnizaciones de 144.000 y 208.000 euros, respectivamente, de cuyo pago han hecho responsable civil subsidiario al Estado al entender que no se garantizó la seguridad del preso fallecido.

Los letrados de la defensa piden la absolución de sus clientes al entender que Santiago D.C. actuó en legítima defensa para eludir un ataque del fallecido con un "pincho", y Luis Rogelio V.M. no llegó a enterarse de lo ocurrido.







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