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El Tribunal de Cuentas ha detectado un desfase de casi un 70% en los costes que correspondían al Ayuntamiento por la ejecución del convenio para la recuperación de las riberas del Ebro. En total, sin tener en cuenta la obra del balcón de San Lázaro que financiaba el Ministerio de Medio Ambiente, hubo un gasto de 52,4 millones de euros, 21,4 millones de euros por encima de los 31 que correspondían al Ayuntamiento. El Tribunal de Cuentas advierte que estos sobrecostes no se distribuyeron correctamente entre las distintas administraciones que firmaron el acuerdo.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza durante la Expo dedica un extenso capítulo a las obras del plan de riberas, en el que se advierten diversas anomalías de tramitación administrativa, fallos de coordinación e irregularidades de los proyectos que le correspondían al Consistorio. Destacan sobrecostes por encima del máximo legal, facturas sin soporte contractual o demoras sin justificar, entre otros problemas. Al Consistorio tenía que acometer, según el convenio, tres actuaciones del plan de riberas: fachada suroeste del Actur, paseo de Echegaray y Caballero y azud. Además, gestionó el balcón de San Lázaro, aunque con financiación de Medio Ambiente.

Según el informe, el coste total de las actuaciones en las riberas ejecutadas por el Ayuntamiento con motivo de la Expo alcanzó 70,8 millones de euros. De este importe, 18,39 millones se corresponden con el balcón de San Lázaro, una obra que ejecutó el Consistorio con financiación del Ministerio de Medio Ambiente. El resto de los gastos (52,4 millones) resultaron superiores en 21,4 millones a los que previó el convenio para el Ayuntamiento (31). De ese exceso, las arcas municipales asumieron 10 millones de euros, mientras que 11,34 los pusieron la DGA y el Estado en cumplimiento del convenio para financiar la segunda fase del azud. No obstante, el Tribunal de Cuentas avisa de que "los excesos de coste no se distribuyeron entre las diferentes entidades".

Respecto a las obras de responsabilidad municipal, "en todas ellas se produjeron retrasos". Sin embargo, el Tribunal de Cuentas destaca que "el más significativo" fue el que sufrió el azud, "cuya primera fase estaba prevista que se finalizara en noviembre de 2006 y la última certificación se emitió 14 meses después". En este sentido, el máximo órgano fiscalizador pone en evidencia la práctica de emitir certificaciones de obra con fechas posteriores a la finalización de los trabajos. También detecta retrasos en las actas de recepción de las obras: en algún caso se emitieron con posterioridad a la puesta en servicio.

Se pagó de más por el azud

Según el Tribunal de Cuentas, una de las obras con más anomalías fue la del azud, especialmente la segunda fase, que fue ejecutada por Expoagua sin que el Ayuntamiento hubiera hecho ninguna encomienda. La primera fase, que costó 10,1 millones de euros financiados íntegramente por el Ayuntamiento, fue adjudicada sin que contara con aprobación municipal, por lo que el Consistorio no supervisó con carácter previo el encargo que hizo a Expoagua.

Respecto a la segunda, que costó 15,8 millones, el proyecto también fue aprobado por el Ayuntamiento con posterioridad a la adjudicación. Además, se pagaron facturas por valor de 56.301,02 euros sin el correspondiente contrato. Y había más de dos millones de euros en recibos que la Intervención municipal entendía que no debía pagar el Consistorio pero que al final se abonaron. "La consideración, tanto de los reparos de Intervención, como de los gastos facturados ajenos a la encomienda, supondría asumir como gasto ejecutado 23.072.451,78 euros en lugar de la cifra facturada al Ayuntamiento de 25.971.486 euros", dice el informe.

Los problemas se repiten con muchos proyectos. En la encomienda del balcón de San Lázaro, una de las que más problemas acumula y que todavía no se ha liquidado, faltaba el presupuesto o Expoagua hizo trabajos sin autorización municipal. En el muro del Actur, faltaban certificaciones, se produjeron aumentos de precios que debieron dar lugar a la resolución del contrato y hubo fallos de coordinación que obligaron a demoler obra ya ejecutada. En la zona del Náutico, hubo adjudicaciones sin que el proyecto estuviera aprobado o se pagaron facturas sin contrato.