El consejero de Presidencia, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Gimeno, ha asegurado que «ni una sola factura ni certificación» de los proyectos relacionados con la Expo Internacional de 2008 fue aprobada sin la previa fiscalización de la intervención general del Estado.

Gimeno ha presidido una comisión especial de la Comisión de Economía y Hacienda para analizar el último informe del Tribunal de Cuentas sobre las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en relación con la Expo, en la que ha arremetido contra las conclusiones a las que ha llegado este organismo, algunos de cuyos argumentos «no tienen ni pies ni cabeza», ha dicho.

Según Gimeno, es la primera vez que el Tribunal de Cuentas audita a un ayuntamiento por un acontecimiento de este tipo, mientras que no ha auditado ni al Estado ni a la Comunidad autónoma y además «ignora» la ley aragonesa de la Expo, que avalaba el encargo a la sociedad estatal de todos los proyectos relacionados con el evento.

«Nunca» se ha tomado ninguna decisión por los órganos competentes que no fuera por unanimidad o no contara con los informes favorables de la intervención o de las asesorías jurídicas, tanto locales como estatales, y «por si acaso el Ayuntamiento aprobó todos los contratos que había hecho Expoagua antes de la aprobación de la Ley», ha asegurado.

El responsable de las arcas municipales ha insistido en el «control ilimitado» y «permanente» que han tenido los proyectos de su competencia y ha apuntado que «el milagro de la Expo fue llegar a tiempo», para justificar la urgencia de las actuaciones aprobadas.

Para Gimeno, el tribunal «no tiene ninguna razón de que con este dinero se haya hipotecado la ciudad», puesto que «con cada euro que pusieron los zaragozanos se han conseguido respuestas por 13 euros» que han contribuido al desarrollo de la ciudad.

De los 850 millones de euros de inversión directa que supuso la Expo, según Gimeno, al Ayuntamiento le ha costado 159.601.818 euros, de los que 111.947.638 se financiaron a 30 años y los 47 restantes vía impuestos y se consiguieron subvenciones del Estado por 81 millones de euros.

Intereses electoralistas, según Blasco

Por suparte, el consejero de Cultura y Grandes Proyectos y director general de Operaciones y Contenidos de la Expo, Jerónimo Blasco, ha atribuido a intereses electoralistas del PP la polémica suscitada sobre este informe, solicitado, ha asegurado, por sus vocales en el tribunal de cuentas, porque en los dos informes anteriores no había «ni una sombra».

Ha asegurado que el modelo de desarrollo de la Expo ha sido «excelente» con un desvío de los costes en las obras de competencia municipal de un 11,21%, «menos de la mitad de lo habitual, cuando en esa época se descontrolaba el doble».

Críticas de la oposición

La portavoz popular Dolores Serrat ha recordado ante la comisión que el tribunal es el órgano supremo fiscalizador de las cuentas del Estado y del sector público, por lo que desprestigiarlo es «un despropósito y un ejercicio que solo puede entenderse desde la soberbia que ha precedido en muchos casos las declaraciones del alcalde», Juan Alberto Belloch, ausente en la sesión.

Ha acusado a Gimeno de utilizar a los técnicos, que han intervenido previamente para dar respuesta a las preguntas de los grupos, como «un escudo humano», cuando la de hoy es una comisión política en la que se están valorando las consecuencias de las decisiones que se tomaron políticamente.

Serrat, quien ha lamentado la falta de autocrítica de Belloch, ha mantenido la necesidad de realizar una investigación sobre este asunto que presenta un listado de irregularidades «larguísimo» respecto a las que las explicaciones han sido «insuficientes o no convincentes».

El portavoz de CHA, Juan Martín, ha considerado bueno que se haya producido este informe para poder reflexionar sobre las cuentas de la Expo, un acontecimiento que, a su juicio, ha tenido «más luces que sombras», pero en el que se han producido errores.

Para Martín, uno de los errores, cuando ya estaba la crisis económica «encima de la mesa», fue tomar la decisión política de pagar una factura de casi 347 millones de euros con la que se ha «inflado» y «duplicado» la deuda municipal y «lastrado» la capacidad de movimiento económico de la ciudad.

El edil ha propuesto elaborar un libro blanco de las cuestiones que desde el punto de vista procedimental se deberían mejorar a futuro porque Zaragoza «puede dar una lección de cómo se puede gestionar un evento de esas características con el buen hacer y rapidez con el que se hizo en 2008».

A juicio del concejal de IU, José Manuel Alonso, el informe pone de manifiesto que las normativas e instrumentos aprobados para la Expo fueron «retorcidos», para que respondieran a las espectativas, y ha advertido que la urgencia «lleva a una falta de control efectivo y sobrecostes que no se hubieran producido de no existir esa urgencia».