Un delito de estafa y otro contra los derechos de los trabajadores. Eso es lo que la fiscalía imputa a Elena Rodríguez Neboit, una empresaria de Garrapinillos para la que se piden cuatro años y medio de prisión por abusar de la situación de necesidad de un grupo de doce rumanas. La mujeres la denunciaron en septiembre de 2007, después de pasar el verano trabajando para ella y no cobrar un solo euro.

Durante el juicio celebrado ayer, la administradora de Augusta Plaza S. L. insistió en que ella no conocía "de nada" a las denunciantes ni sabía por qué estaba allí. De hecho, mantiene que estas trabajaban para dos compatriotas rumanos con los que su empresa tenía un contrato de colaboración. Ambos están también imputados, pero se encuentran en paradero desconocido.

Sin embargo, todas las trabajadores declararon ayer que la acusada estuvo presente en todas las entrevistas de trabajo y que era ella la verdadera responsable del negocio. De hecho, esta era quien tenía alquilada la nave donde se llevaba a cabo el trabajo, en las afueras del barrio zaragozano de Garrapinillos. La empresa montaba piezas de baño y difusores eléctricos para otras firmas.

Falsas promesas

La fiscalía considera que la acusada se aprovechó de las denunciantes prometiéndoles su regularización laboral y ofreciéndoles un contrato y cotización a la seguridad social. "Todas ellas eran recién llegadas de Rumanía, y no tenían conocimiento ni de la lengua española ni de los derechos laborales que les amparaban", recuerda el ministerio público, que solicita dos años y medio de cárcel y una multa de 2.400 euros por el delito contra los trabajadores y otros dos años por estafa. En concepto de responsabilidad civil, reclama también a la empresaria 18.000 euros, el importe de las nóminas no pagadas.

La acusación particular, que ejerce Carlos Castillo en nombre de las doce rumanas, imputa a la mujer tres delitos (dos contra los derechos de los trabajadores y uno de estafa), y solicita una pena de nueve años de cárcel.

"Cuando hice la entrevista de trabajo, la señora Elena y los otros dos rumanos que estaban como encargados -en referencia a los otros dos imputados- me dijeron que trabajaría ocho horas diarias y que cobraría mil euros mensuales. Me cogieron y empecé a montar piezas al día siguiente", explicó ayer una de las denunciantes. "Sabían que ninguna teníamos permiso de trabajo -continuó-, por lo que nos pidieron el pasaporte y el certificado de empadronamiento y nos dijeron que no nos preocupáramos".

Al ver que pasaban los días y que nadie les decía nada de los papeles, las trabajadoras empezaron a inquietarse. "Le preguntábamos todos los días a la señora Elena que cuándo íbamos a firmar el contrato, pero nos decía que como era verano, los abogados estaban de vacaciones", explicó una de las empleadas. Cuando vieron que tampoco cobraban, acudieron también a pedir explicaciones. "Nos decía que los proveedores no le habían pagado, y que hasta que no lo hicieran, ella no podía abonarnos las nóminas", contó la trabajadora a la juez.

Para intentar demostrar que su empresa era independiente y que estas mujeres trabajaban solo para sus dos compatriotas, la acusada explicó que estos últimos tenían alquilada su propia nave. "La suya y la mía estaban pegadas, pero estaban separadas y tenían su propia puerta", dijo. Pese a ello, las denunciantes mantienen que el ensamblaje de las piezas se hacía indistintamente en ambos locales, que estaban divididos por un tabique, pero con la puerta siembre abierta. "Los paquetes llegaban además siempre a nombre de doña Elena", dijeron.