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Caso aparte es el de las piezas vendidas sin la debida publicidad por las monjas sanjuanistas a la Generalitat, sin que la DGA pudiera ejercer el derecho de retracto, asunto que se dirime en el Tribunal Constitucional. Como recordaba el otro día en estas páginas un experto en Derecho Administrativo, el Estatuto aragonés obliga al Gobierno a velar por todo el patrimonio, de modo que ha de hacer las gestiones también para recuperar el emigrado. A la dolorosa pasividad que el Gobierno PSOE-PAR mantiene con los bienes parroquiales, cuya catalogación ni siquiera ha culminado, se añade ahora el estrambótico episodio de las declaraciones de la consejera de Cultura en las Cortes asegurando que su departamento estaba en negociaciones con el representante de unas monjas que llevaban años muertas. Así, difícilmente saldrá adelante ninguna gestión... La importancia del asunto requiere una aclaración y, sobre todo, un cambio inmediato de rumbo.