Piden 100.000 euros por presunta negligencia en la muerte de una paciente del centro El Pinar

Los familiares de una mujer diagnosticada de oligofrenia -retraso mental- en grado severo que falleció hace tres años en el centro asistencial El Pinar de Teruel reclaman al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) una indemnización de más de 100.000 euros por presunta negligencia. Entienden que la muerte se produjo por falta de vigilancia y que pudo evitarse. Por su parte, la DGA ha declinado este lunes hacer valoraciones hasta haber estudiado la denuncia y el expediente.

Los hechos ocurrieron la tarde del día 12 de agosto de 2008. Según la versión ofrecida por la familia, la víctima, que se llamaba Margarita, sufrió sobre las 17.00 un ataque de agresividad que llevó a sus cuidadores a inmovilizarla atándola con una correa por el vientre a un sillón que a su vez estaba atado a un radiador del sistema de calefacción. De acuerdo a este mismo testimonio, la mujer, de 34 años, quedó aislada en una habitación que hacía las veces de almacén, pues allí había cajas con botellas y algunas máquinas.

Los familiares, vecinos de Utrillas, han relatado este lunes que la víctima se estranguló accidentalmente con dicha correa al intentar liberarse de ella deslizándose hacia el suelo por la superficie del sillón. Denuncian que la mujer no estuvo vigilada entre las 18.45 y las 20.00, franja horaria en la que falleció. Añaden que el personal del centro asistencial utilizó un método de inmovilización «no homologado», ya que lo correcto y habitual es sujetar a la paciente en una cama o bien en un sillón, pero utilizando elementos de sujeción para las muñecas y los tobillos.

«Nadie me dijo que la ataban»

«Nunca me dijeron que a mi hija la ataban y creo que yo debería haberlo sabido», ha protestado este lunes la madre de la víctima, Amparo Blanco, tras haber presentado una reclamación patrimonial contra el IASS. Esta fórmula ofrece a ambas partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo sin necesidad de acudir a los tribunales por la vía de lo contencioso administrativo. La progenitora de la fallecida se ha mostrado dispuesta a ir a los juzgados si no hay arreglo con el IASS.

«Fue un abandono. No la vigiló ninguno de los tres cuidadores que estaban encargados de hacerlo y la dejaron aislada en un almacén, como a un perro. Fue una situación indigna que nos duele muchísimo a toda la familia», ha afirmado Amparo Blanco. «Debieron hacerle eso mismo muchas otras veces, pero yo no lo sabía», ha agregado.

Desde el Gobierno aragonés, del que depende el centro asistencial El Pinar, este lunes no han querido realizar declaraciones sobre el caso antes de que los técnicos competentes tengan en sus manos el documento de demanda de reclamación patrimonial, que ha sido presentado este lunes ante la Dirección Provincial del IASS, algo que no se producirá, previsiblemente, hasta dentro de unos días.

«Falta de medios humanos»

El abogado de la familia, Clemente Peribáñez, ha afirmado que el origen de la muerte de la mujer, la cual residía en El Pinar desde su adolescencia, radica en «una falta de medios humanos y materiales en el centro asistencial». «Nunca estuvieron bien definidas las pautas de actuación con Margarita, lo que acarreó una defectuosa inmovilización de su cuerpo en el momento de sufrir el ataque y, posteriormente, una vigilancia también defectuosa que, de haberse corregido, habrían evitado su fallecimiento», ha explicado el letrado.

Peribáñez ha aclarado que la demanda ha sido interpuesta contra el Instituto Aragonés de Servicios Sociales «por la deficiente prestación de servicios». El abogado confía en que el Gobierno aragonés «admita su mal proceder y llegue a un acuerdo con la familia antes de tener que avanzar más y acudir a los tribunales».

El asunto ya llegó a los juzgados nada más ocurrir el fallecimiento de Margarita, pero la Audiencia Provincial de Teruel lo archivó, según Peribáñez, al no encontrar responsabilidad penal. No obstante, el alto tribunal de Teruel dejó abierta la vía civil a la hora de realizar posibles reclamaciones. El abogado de la familia de la víctima estima que la cantidad de 100.000 euros solicitada como indemnización «es acorde con los graves daños morales sufridos por mis representados».