Los dos juzgados mixtos -de primera instancia e instrucción- de Alcañiz conservan el mismo número de empleados que hace 30 años a pesar del incremento de actividad que vienen registrando en los últimos años. Frente a los 859 asuntos civiles que tramitaron entre ambas salas en 2007, la plantilla de trabajadores vio 1.375 casos en 2010, es decir, 516 más. En la sección penal también se advierte un aumento de la carga de trabajo en los últimos cuatro años, si bien menos notable.

El Juzgado número uno dispone de seis trabajadores -dos oficiales, dos tramitadores y dos auxiliares- mientras que el número dos cuenta con un tramitador más, por lo que suman siete trabajadores en total. Para la portavoz sindical por CC. OO. de los funcionarios de Justicia en la provincia de Teruel, Caridad Belanche, las plantillas de Alcañiz resultan "a todas luces insuficientes".

Fuentes laborales señalaron que los trabajadores se sienten "agobiados" por la carga de trabajo que soportan a diario y que, de manera cotidiana, tienen que asumir tareas que no les corresponden, todo ello en aras de un buen funcionamiento de la Justicia en la capital bajoaragonesa. Añaden que los funcionarios realizan más horas de trabajo de las debidas sin que estas sean retribuidas.

La situación que viven los juzgados del partido de Alcañiz ya fue puesta de manifiesto el pasado día 7 por el presidente de la Audiencia Provincial de Teruel, Fermín Hernández. Este, en su discurso de apertura del año judicial, destacó que las plantillas de estos dos órganos judiciales no han crecido proporcionalmente al número de asuntos que entran, algo que, por el contrario, sí ha ocurrido en los juzgados de la capital turolense, donde el número de trabajadores está "dimensionado". "En Alcañiz no hay más plantilla ahora que en 1975 y ha habido un aumento general de trabajo", afirma el presidente de la Audiencia.

Hernández estima que el Gobierno aragonés, que desde 2008 tiene las competencias en materia de Justicia, debería realizar una revisión de las plantillas de los juzgados. Este análisis se hace más necesario si cabe ante la inminente implantación de las nuevas oficinas judiciales, que supondrán una racionalización del trabajo al ofrecer servicios administrativos comunes a los distintos órganos judiciales.