Los afectados por el accidente aéreo de Villastar estudian reclamar conjuntamente

Los familiares de las víctimas del accidente aéreo de Villastar, en el que el pasado 19 de marzo seis agentes forestales murieron y otro resultó herido de gravedad al estrellarse el helicóptero con el que se dirigían a apagar un incendio, estudian reclamar de forma conjunta ante la Justicia por los daños sufridos.

Los afectados quieren mantener un encuentro próximamente para conocer las posturas de cada uno y tratar de caminar juntos en el proceso judicial abierto para esclarecer las causas de la mayor tragedia aeronáutica aragonesa de los operativos contraincendios. La reunión iba a celebrarse ya hace una semana, pero se pospuso sin fecha fija a la espera de encontrar el momento oportuno.

"Se trata de intercambiar opiniones y de ver la línea que podemos seguir para que la investigación avance y se llegue hasta el final", declaró ayer un familiar de uno de los fallecidos. La misma fuente advirtió de que "no es fácil poner de acuerdo a todos los afectados y quizá acaba cada uno por su lado".

Hasta la fecha, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Fomento, no ha emitido un informe definitivo sobre el siniestro. En un documento preliminar hecho público el pasado 9 de junio, ese organismo oficial señalaba que una inspección de los restos del helicóptero permitió constatar que una parte del sistema hidráulico encargada del movimiento lateral estaba bloqueada.

Tampoco las compañías Rolls Royce y Bells, fabricantes del motor y el sistema hidráulico del helicóptero siniestrado, respectivamente, han aportado datos al Juzgado número 2 -que instruye la causa-, después de que la jueza del mismo autorizase a mediados de abril el traslado de las piezas a Estados Unidos para su revisión y análisis.

Cuando han transcurrido casi siete meses desde el accidente, tanto el único superviviente como las familias de cinco de los seis fallecidos reclaman a la Justicia que lleve a cabo acciones legales para aclarar lo sucedido. En un caso, el de Rafael Andréu Omella, que falleció cuando faltaban pocos meses para que fuera padre, el juzgado no ha localizado a la familia y no ha podido ofrecerle, por tanto, la posibilidad de personarse en la causa.

Cuatro de las familias ejercerán acciones a través de letrados designados por ellos mismos mientras que las otras dos se suman a la labor que desarrolle el fiscal. En este último caso, los afectados no pueden proponer pruebas y tendrán que acatar aquello que decida el Ministerio Público.

La abogada Sagrario Valero, que defiende a tres de las familias, subrayó que el proceso judicial se encuentra todavía «al principio» y que no está definida aún la línea a seguir. "Nos hemos personado para tener información de primera mano. Han pasado más de seis meses, pero no se sabe qué ocurrió en el accidente", señaló la letrada.

Además de los familiares, Inaer, la empresa a la que pertenecía el helicóptero, un Bell-407, también se suma al proceso abierto "en aras a colaborar con el mismo, con las familias y con las investigaciones que puedan llevarse a cabo, así como para salvaguardar los derechos de la Compañía", indicaron fuentes de la empresa. El Gobierno de Aragón y el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (COPAC) están representados igualmente en la causa, si bien el primero de ellos no ejercerá acciones.

La Fiscalía no recurre más

Por otro lado, la Fiscalía de Teruel ha decidido no volver a recurrir la absolución de Ricardo Alcón, juzgado en dos ocasiones mediante el procedimiento de jurado popular como presunto autor de la muerte de su padre. El cadáver apareció tendido al pie de las escaleras de la casa familiar hace cinco años en medio de un charco de sangre.