La edificación ilegal continúa activa en el entorno de Teruel, a pesar de los sucesivos intentos del Ayuntamiento para frenar este fenómeno, el principal problema urbanístico de la ciudad. Según un censo que acaba de realizar la Gerencia de Urbanismo, en la periferia urbana existen actualmente 832 edificaciones ilegales levantadas sobre suelo no urbanizable. En la gran mayoría de los casos se trata de segundas residencias.

Las principales concentraciones se registran en las zonas de la carretera de Castralvo y la vega del Alfambra. Según indicó el concejal de Urbanismo, Luis Muñoz, durante la realización del inventario se pudo comprobar que la construcción de chalés irregulares sigue activa. La proliferación de casas ilegales es más intensa al sur de la ciudad, aunque también presenta núcleos importantes al oeste, en torno a la carretera de San Blas y La Muela, y al norte.

La elaboración del censo conlleva la imposición de sanciones por edificación ilegal si las infracciones no han prescrito -en febrero de 2009, la Gerencia tramitaba 78 expedientes sancionadores- y es el primer paso para acometer procesos de regularización, cuando sean viables. El Ayuntamiento ha mantenido desde el principio la voluntad de no acometer demoliciones, aunque algunas edificaciones, sobre todo las construidas en suelo no urbanizable protegido, quedarán fuera de ordenación y sin posibilidad de ser reformadas ni mejoradas.

Muñoz advirtió de que, una vez que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, los dueños de las viviendas ilegales tendrán un plazo improrrogable de tres años para presentar planes de regularización de las distintas zonas de construcción ilegal. Estos documentos deben contemplar la creación de una red viaria, la eliminación de las fosas sépticas de vertidos y las cesiones de suelo obligatorias. Además, los propietarios deberán costear las obras de urbanización.

El edil señaló que la iniciativa de los planes de regularización urbanística corresponde a los propietarios, aunque consideró que será "difícil" que esta fórmula prospere. Luis Muñoz añadió que si los dueños de las fincas no dan este paso será el Ayuntamiento el que tome la iniciativa y delimite las zonas de intervención.

Luis Muñoz explicó que, de acuerdo con la Ley de Urbanismo de Aragón recientemente aprobada, la Dirección General de Urbanismo de la DGA elaborará en cuatro años un censo de edificaciones ilegales. En el caso de Teruel, podrá aprovechar el catálogo que acaba de redactar el Ayuntamiento, donde se hacen constar las superficies de las parcelas, las características de la construcción, titularidad y fotos de las casas, entre otras informaciones.

El concejal adelantó que en el nuevo PGOU, en tramitación, las zonas de edificación ilegal se catalogarán como suelo urbanizable en lugar de la previsión inicial de englobarlas en el suelo urbano no consolidado. La propuesta inicial recibió muchas críticas por generar agravios comparativos para propietarios que habían cumplido la legislación. Según Muñoz, la fórmula del suelo urbanizable es, además, más flexible para llevar a cabo procesos de regularización.

200 más en las pedanías

El catálogo se ampliará con las viviendas ilegales levantadas en los antiguos términos municipales de las diez pedanías de la ciudad. Según el concejal de Urbanismo, "si no hay sorpresas", el número de edificaciones irregulares en los barrios rurales rondará las 200. Los principales focos se sitúan entre Castralvo y Aldehuela y en el entorno de Villaspesa.