El Gobierno tiene pensado modificar el sistema actual de dispensación de tarjetas sanitarias europeas para que también puedan obtenerla los españoles con trabajos temporales, y la vigencia de dicho documento irá ligada a la duración de su contrato laboral.

En una respuesta parlamentaria escrita el Gobierno ha informado que va a proceder a "modificar los aplicativos informáticos" para que la tarjeta sanitaria europea pueda emitirse "con un periodo de validez ajustado, en cada caso, a la presumible duración del derecho a asistencia sanitaria".

Dichas tarjetas europeas tienen un periodo de validez de dos años y hasta ahora, su solicitud para la estancia temporal en otro Estado miembro de la Unión Europea estaba condicionada a la existencia y al mantenimiento del derecho a asistencia sanitaria en virtud de la legislación española.

Con la reforma de Ana Mato, dicho derecho quedaba ligado a la condición de asegurado que, a su vez, se obtenía gracias a la vinculación con la Seguridad Social, como afiliado, pensionista o perceptor de otra prestación.

Esto hacía, según el Gobierno, que cuando la situación que origina el derecho a asistencia sanitaria fuera de carácter temporal, caso de asegurados por un contrato temporal, "la exportación de dicho derecho también lo era necesariamente", lo que hacía que en estos casos se emitiera un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS).

Dicho documento tiene una validez de 90 días y es renovable mientras la persona asegurada mantuviera esa condición. Y aunque tiene diferente formato, ofrece la misma "eficacia y alcance protector" que la tarjeta sanitaria europea, aclara el Ejecutivo.

A finales de mayo el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ya avanzó que el Gobierno trabajaba para mejorar este sistema después de que Europa hubiera mostrado su "preocupación" porque se emitían "demasiados" certificados provisionales.

Además, el Gobierno precisa en la respuesta parlamentaria que si el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), como Entidad Gestora competente en la materia, hubiera llegado a tener constancia de que alguna institución sanitaria no aceptaba la TSE o el CPS, lo pone, de forma inmediata, en conocimiento de la institución competente del Estado que se tratara y, en su caso, de las autoridades comunitarias.

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