Las Cortes aprueban la ley que integra al Casar en el Salud con el rechazo de la oposición

PSOE ha rechazado la integración en sí. CHA e IU han estimado que no se ha resuelto de forma adecuada.

Las Cortes de Aragón han aprobado, por el procedimiento de lectura única, la ley de medidas para integrar el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (Casar) en el Servicio Aragonés de Salud, con el rechazo de los tres grupos de la oposición, que han presentado sendas enmiendas de devolución.


La ley establece que a partir del 1 de enero de 2015 el Casar quedará subrogado al Salud en todos los derechos y obligaciones, manteniendo la cartera de servicios, la calidad asistencial y a todos sus trabajadores, ha asegurado el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, en el pleno.


El proceso de negociación para la integración del personal ha sido "largo" y "muy participativo", según el consejero, quien ha asegurado que se ha logrado conjugar del derecho de los 347 trabajadores a mantener sus condiciones laborales con el necesario respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.


A pesar de que la ley fija la manera en la que los trabajadores se integrarán en el Salud en función de su relación contractual actual con el Casar, también prevé la elaboración de un plan de empleo para asegurar que el desarrollo de este proceso se realiza "sin afección de la asistencia sanitaria a la población".


El Casar se constituyó en octubre de 2006 en virtud de un convenio que firmaron el Gobierno de Aragón, los ayuntamientos de Ejea de los Caballeros, Jaca, Fraga y Tarazona y la Mutua de Accidentes de Zaragoza, con el objetivo de dirigir y coordinar la gestión de los centros sanitarios de su área territorial de actuación.


Aunque en un principio la fórmula se consideró "novedosa", con el paso del tiempo "se redujeron sus ventajas", sobre todo por cuestiones laborales y porque suponía la existencia de dos sistemas de prestación de asistencia sanitaria diferentes, ha explicado Oliván.


Por eso, el actual Gobierno de Aragón decidió en 2011 abrir el proceso para la integración del Casar en el Salud, que posibilitará una "prestación más eficiente desde todos los puntos de vista", en lo que se refiere al control de gastos, la unificación de contratos, las historias clínicas compartidas, la especialización de los profesionales o la unificación de protocolos, ha agregado.


Los tres grupos de la oposición, no obstante, han rechazado la ley con la presentación de una enmienda de devolución cada uno, que han sido votadas en contra de PP y PAR.


Aún estando de acuerdo con la integración, CHA e IU han estimado que no se ha resuelto de forma adecuada y supondrá un recorte en los derechos de los trabajadores.


Mientras, el PSOE ha rechazado la integración en sí, porque considera que el Casar ha funcionado muy bien y ha cumplido el objetivo de prestar asistencia a los habitantes de las localidades y comarcas ubicadas a más de una hora de su hospital de referencia.


El socialista Eduardo Alonso ha defendido que la asistencia que se ha venido prestando es "homologable" a la de cualquier otro centro de la comunidad y, además, con el mismo gasto.


Ha agregado que se ha conseguido responder al 80 por ciento de las atenciones requeridas, con un índice de satisfacción "altísimo", y la integración supondrá que la población adscrita a estos cuatro centros tenga ahora que trasladarse para pruebas o pequeñas intervenciones, lo que además incrementará las listas de espera en el Salud.


Adolfo Barrena (IU) y Carmen Martínez (CHA) han lamentado la tramitación elegida para esta ley, que impide el debate y la búsqueda de alternativas al proceso de integración que fija una ley que, ha denunciado Martínez, zanja la memoria económica de los cuatro centros "en medio folio" y no habla de la deuda del Casar, cifrada entre 16 y 20 millones de euros, que ahora tendrá que asumir el Salud.


Por eso, CHA pide la elaboración de una auditoría que arroje luz sobre la situación real del Casar y que permita garantizar una integración laboral que no recorte los derechos laborales.


Barrena ha recordado que IU siempre se opuso a este modelo de gestión sanitaria, pero esta integración le plantea "dudas e incertidumbre", sobre todo en lo relacionado con los 347 trabajadores, que "no pueden ser los paganos de esta decisión", por lo que ha propuesto la creación de una mesa de negociación real con los trabajadores, los ayuntamientos y los ciudadanos.


Ha añadido que la deuda la tendrá que asumir ahora un departamento, el de Sanidad, que en 2015 cuenta con unos presupuestos ya de por sí "raquíticos, rácanos y escasos".