Heraldo del Campo

50.000 metros cúbicos de purines buscan destino

El cierre de las plantas de tratamiento obliga a los ganaderos a buscar nuevos campos donde verter los desechos.

​Las plantas de tratamiento de purines siguen cerradas un año después de la reforma eléctrica
ADAP rechaza el transporte de los purines para su aplicación como fertilizante en cultivos
Heraldo

Hace 4 meses, las granjas de cerdos ubicadas en las zonas de mayor concentración de este tipo de explotaciones en Aragón se encontraron con un serio problema. Las plantas de cogeneración y tratamiento de purines echaban el cierre como protesta ante la reforma energética, que les recortaba hasta en un 40% las ayudas que recibían. Estas plantas, encargadas de reducir casi una tercera parte de todos los residuos que generan las explotaciones porcinas controlando así el impacto medioambiental, consideraban que sin las ayudas su viabilidad quedaba en el aire. Un órdago mantenido durante todo este tiempo que, sin embargo, no ha conseguido que el Ministerio de Industria matizara su reforma, lo que ha producido que dos de las cuatro plantas de este tipo que se encuentran en Aragón hayan cerrado ya sus puertas y que las otras dos restantes -todas ellas en Huesca- permanezcan inoperativas.


El asunto no es baladí ya que desde hace más de un lustro han sido estos centros los que se han encargado de tratar buena parte de las más de 47.000 toneladas de purines que genera Aragón al año para así cumplir con la normativa europea que regula el uso excesivo de estos residuos como abono, evitando las posibles contaminaciones de aguas subterráneas. Ante esto, las distintas administraciones -desde el Ministerio de Agricultura, hasta la DGA, pasando por las diputaciones provinciales- han tratado de aminorar el problema adoptando medidas alternativas para la gestión ambiental de los purines controlando la aplicación como fertilizante y promocionando las alternativas de deshidratación o compostaje. Esto es, subvencionando el traslado de estos desechos desde las zonas de alta concentración porcina, hacia campos no saturados que aún puedan aceptar estos excedentes como abono de la tierra.


Sin embargo, desde el sector se cree que estas medidas no son suficientes para atajar un problema que ya ha generado más de 50.000 metros cúbicos de excedentes que esperan en las balsas de las explotaciones una salida, ya que el coste del traslado sigue siendo elevado. Es por esto que, en comarcas como el Cinca Medio y la Litera -donde se concentran más de 400 explotaciones- los ganaderos se han reorganizado para dar salida por su cuenta a los excedentes. “Hemos preparado un sistema de reparto rotativo entre los campos aledaños que asegure que nunca se sobrepasan los límites medioambientales y así cada ganadero sabe dónde tiene que llevar su purín sin tener que recorrer demasiados kilómetros”, explica José Luis Lavilla, presidente de la Asociación Pecuaria de Huesca, quien además afirma que están empezando a hacer estudios para ampliar la capacidad de las balsas de almacenamiento que tiene cada granja, las cuales fueron llevadas al límite cuando se inició esta particular 'crisis'.


“Es una decisión que no entendemos”, comenta Lavilla, que no se explica como el Gobierno puede cortar de raíz una política ambiental y energética que fue ampliamente impulsada hace 10 años y que afecta a un sector de gran impacto económico. No en vano, el sector porcino supuso el año pasado el mayor agregado del cómputo agrícola de la Comunidad, destinándose un 40% de la producción a la exportación.

Otras 4 plantas públicas, en el limbo

En medio de este asunto, la DGA se ha encontrado con el problema de que la tajante decisión de Industria ha llegado en el año en el que al fin iba a poner en funcionamiento 4 plantas más de carácter público que llevan varios años construidas. Dos de ellas se encuentra en Teruel, son las instalaciones de tratamiento de purines y generación de biogás de Valderrobres y Peñarroya de Tastavins, que permanecen cerradas y sin expectativas de apertura después de cinco años en pie y una inversión conjunta de casi 14 millones de euros. Además, el Ejecutivo tenía pensado poner en marcha este año otras dos más en Huesca, en Zaidín y Capella, que también han sido pospuestas hasta 2015.


Por ello el Gobierno de Aragón, junto a otras comunidades autónomas, ha solicitado al Ministerio de Industria una moratoria en la aplicación de la nueva normativa que suprime las ayudas a las plantas de purines para así darle tiempo al sector para buscar nuevas formas de viabilidad.