Mujeres con los pies en la tierra
El trabajo realizado por la mujer en el sector agrario siempre ha sido más importante que visible. Y los intentos legales para revertir la situación tampoco han dado frutos.
Que el sector agrario es una actividad masculinizada no es una novedad. Y no lo es tampoco el relevante papel que la mujer desempeña en las explotaciones agropecuarias, donde realiza un intenso trabajo que, sin embargo, apenas cuenta con reconocimiento jurídico, económico y social. Porque a pesar de que son agricultoras, solo son visibles como mujeres del agricultor. Lo dicen las cifras. Un reciente estudio realizado por la consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón demuestra que apenas un 22,66% de las explotaciones agrarias tiene como titular a una mujer, mientras que en el 72,67% la fémina aparece como cónyuge del titular.
Ha habido sonadas reivindicaciones para darle la vuelta a la situación. Durante más de una década, las áreas de la mujer de las distintas organizaciones agrarias exigieron, sin desmayo, una ley que visibilizara su aportación a la actividad productiva en el sector agrario. Que lo hiciera con derechos, con reconocimiento social, económico y jurídico, para enterrar así la perversa tradición de que su trabajo en los campos de cultivo o en las granjas de sus maridos era tan solo «una ayuda familiar».
Su voz era, por fin, escuchada en 2011 cuando el Consejo de Ministros del Gobierno de Rodríguez Zapatero daba luz ver al proyecto de Ley sobre Titularidad Compartida. «Con esta ley se genera una nueva realidad en el mundo de la agricultura, dando oportunidades en términos de igualdad a quienes trabajan en las explotaciones familiares», destacaba la entonces ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que auguraba que esta norma «hará visible» el trabajo que realizan en el sector unas 100.000 mujeres.
Cinco años después la cifra se ha quedado muy lejos. En el conjunto de España apenas dos centenares de mujeres se han convertido «por derecho» en agricultoras a través de la cotitularidad de la explotación de sus maridos. De ellas, tan solo doce son aragonesas. Y no es el peor de los casos, puesto que aún existen comunidades en las que ni siquiera se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para registrarse como cotitular.
La excesiva burocratización, las reticencias de los titulares (hombres) de las explotaciones y, sobre todo, la tardanza en llegar la ley son algunas de las razones que explican el «frustrante fracaso» -señalan las representantes de las organizaciones agrarias- de esta norma histórica demandada.
Hay otro motivo. Y es positivo. Tanto desde la administración como desde la representación sindical se reconoce que los tiempos se han adelantado a la legislación. Ahora las mujeres toman otro camino para dar visibilidad al trabajo que realizan en el sector agrario y ya no optan por entrar por la ventana de la cotitularidad. Ahora prefieren disponer de esos derechos jurídicos, económicos y sociales abriendo de par en par la puerta de su propia explotación, de la que son titulares únicas.
También lo dicen las cifras. En la pasada convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes al sector agrario en Aragón, el 22% de los más de 430 expedientes aprobados estaban encabezados por mujeres. A ello hay que sumar además que, según los datos de la Seguridad Social Agraria, el 22,09% de los afiliados son mujeres.
Con todo, y aun reconociendo que cada es más visible la presencia de la mujer en la actividad primaria, administraciones y sindicatos insisten en que «todavía queda mucho por hacer».
María José Acerete trabaja en una explotación frutícola de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza) donde, junto con su marido, cultiva cereza, pera, ciruelas, albaricoques y olivo. Lo lleva haciendo desde que se casaron, hace ya más de 23 años, y como era lo habitual en aquellos años incluso ella misma decía que se iba a ayudar cuando acompañaba a su esposo al campo. Ahora es cotitular de la explotación, después de que en noviembre de 2012 -apenas unos meses después de que se abriera el registro de titularidad compartida en Aragón- decidiera acogerse a la nueva ley.
Como María José solo otras once mujeres aragonesas se acogieron a una ley que con tanta insistencia reclamó el sector durante más de diez años.
«No es que la ley fuera una mala idea», señala el director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Jesús Nogués, que recuerda que la norma pretendía evidenciar y dar derecho a la participación de la mujer en las explotaciones familiares. Unas empresas en las que tradicionalmente el hombre era el único titular, el que cotizaba, el que cobraba las ayudas y el que después era beneficiario de prestaciones sociales como la jubilación, a pesar de que la mano de obra femenina hubiera sido, más que una ayuda, esencial para la economía doméstica.
Nogués interpreta el supuesto fracaso de la norma en un éxito de la sociedad. «Lo que ha pasado con esta ley es que pretendía cubrir un objetivo muy razonable, pero los tiempos han evolucionado más deprisa y la mujer llega ahora al sector agrario por otro camino», señala Nogués, que explica que actualmente la mujer ya no trata de tener una explotación compartida con el marido o con su pareja, sino de tener su propia explotación.
«Quizá la ley llegó tarde», reconoce el director general, que matiza que posiblemente hubiera sido más eficaz 20 años antes cuando lo habitual era que el trabajo de la mujer en el sector agrario no fuera visible ni estuviera acompañado de ningún derecho. Ahora la situación es muy diferente y la ha transformado tanto los cambios culturales como la propia evolución del sector.
«La agricultura se veía como una cosa de hombres, sobre todo por las especificidades y las duras condiciones del trabajo, pero en el siglo XXI, la agricultura es una agricultura de empresarios, en la que se aplican nuevas tecnologías y nuevos procedimientos y en la no pueden desligarse cuestiones como ligadas a la gestión o a la financiación. Es ahí donde la mujer tiene más claro que tiene que jugar ese papel», insiste el director general.
«Un cúmulo de razones»
«Es por un cúmulo de razones», dice Ángeles Ramón, representante del área de la mujer de UAGA cuando se le pregunta por los motivos de tan escasa acogida de una ley aparentemente tan anhelada por el sector. Y Ramón enumera: «Se aprobó por la insistencias de la mujeres, salió tarde, no se acompañó de presupuestos ni ha habido en todos estos años una verdadera implicación de las instituciones, ni nacionales ni autonómicas», detalla.
La representante de UAGA destaca además que «no es nada ágil» burocráticamente hablando, pero reconoce también que no hay que olvidar que, en la inmensa mayoría de los casos, el titular de la explotación «tampoco estaba por la labor de quedarse como cotitular». Por eso, reconoce Ángeles Ramón, las mujeres que ahora acceden a la actividad primaria lo hacen mediante las ayudas a la incorporación de jóvenes «un camino que, aunque tiene sus dificultades, resulta mucho más fácil», asegura.
Desconocimiento
«La gente no conoce la ley». Es la primera frase con la que Vanesa Polo, secretara de formación de UPA-Aragón, responde al por qué de tan escasa penetración de la titularidad compartida de explotaciones agrarias.
No es, en su opinión, el único motivo. Para Polo, los trámites son «excesivamente complejos y las administraciones no ofrecen facilidades para evitar que el excesiva burocracia despierte el rechazo a la cotitularidad. «Además, en Aragón tenemos fueros, que ya reconocen que la mitad de la propiedad es del cónyuge cuando el matrimonio se ha realizado en gananciales», destaca la representante de UPA. Polo señala además que el hombre (es decir, al titular de la explotación) mira con cierto temor las repercusiones que puede tener esta opción, o que incluso «por decidirse por la cotitularidad sufra retrasos en el cobro de la PAC», insiste.
Polo añade un motivo económico. La representante sindical explica que cuando se publicó la norma se establecían bonificaciones del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social, que podrían completarse con otro descuento del 25% que sería aportado por las comunidades autónomas. «Eso nunca se hizo», dice.
Aunque coincide en señalar que ley «llegó tarde», se muestra convencida de que «se podría relanzar» porque aunque es cierto que las nuevas generaciones llegan al sector con titularidad plena, todavía existen situaciones en las que la mujer realiza un trabajo imprescindible, sin remuneración, ni derechos.
Desde la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) en Aragón, reconocen no haber realizado un estudio que les permita valorar las causas de la escasa penetración de la norma en la Comunidad. La tesorera de la organización aragonesa, Raquel Cosculluela, destaca, sin embargo, que cada vez son más las mujeres jóvenes que acceden al sector aprovechando el camino abierto por las ayudas a la incorporación de jóvenes.
A pesar del desolador panorama que reflejan las cifras de la titularidad compartida, no hay que caer en el total pesimismo. De hecho, tanto la administración como las organizaciones agrarias reconocen que, aunque queda mucho por conseguir, la presencia de la mujer en la actividad primaria se está haciendo cada vez más profesional, con «todas las obligaciones y derechos». Eso sí, se refieren a aquellas féminas, menores de 40 años, que han llegado al sector como propietarias únicas de la explotación.
«Es alentador que el número de mujeres que lideran proyectos de incorporación va creciendo cada año», explica el director general de Desarrollo Rural, que detalla que la consejería impulsa también este acceso priorizando en el proceso de concurrencia competitiva aquellos proyectos de titularidad femenina.
Más inversión y más empleo
¿Y cómo son las nuevas profesionales agrarias? Según los datos medios de las solicitudes presentadas en el periodo 2001-2016, las mujeres se instalan en la agricultura con 32 años, una edad superior a la que tienen los hombres, 27 años, cuando acceden al sector. El 71% de las mujeres, reflejan estos datos, llegan a la actividad primaria a través de explotaciones situadas en zonas de montaña o desfavorecidas, un porcentaje que se reduce al 65% cuando se habla del colectivo masculino. Sus orientaciones técnicas mayoritarias son la ganadería y la horticultura, mientras que los varones se incorporan en mayor medida en cultivos extensivos y explotaciones mixtas.
Estos datos dicen además que la inversión media que realizan las mujeres es un 15% mayor que la que desembolsan los hombres y además crean más empleo adicional al del titular.
«Están superpreparadas y cuentan con mucha formación», señala Ángeles Ramón, que reconoce que cuando habla así no solo se refiere a las nuevas profesionales agrarias sino a las jóvenes del medio rural. Si se detiene en las agricultoras reconoce que las prioridades de cultivo son distintas a las de los agricultores. «El modelo agrario al que se va es hacia una sector muy mecanizado, con grandes explotaciones de muchas hectáreas... Pero las mujeres prefieren otro tipo de agricultura, más ecológica, menos intensiva», destaca Ramón, que detalla que, el sector porcino se ha convertido en una actividad cada vez más femenina, en la que «la habilidad y delicadeza de la mujer» resulta más apropiada para determinados trabajos que se realizan en estas granjas.
En cualquier caso, tanto Nogués como las representantes sindicales reconocen que, lejos de normas y ayudas, la presencia de la mujer en el sector agrario va irremediablemente unida a la existencia de servicios (sanidad o educación) y oportunidades profesionales en el medio rural en el que trabajan y viven.
ara llegar a la igualdad
Esta actuación arranca con un estudio, titulado Ser mujer en Aragón 2010-2016, que fotografía la actividad de la mujer aragonesa en el medio rural y que atiende fundamentalmente a aquellas que se dedican al sector primario. «Donde realmente está la brecha es en la mujer agricultora, así que aunque se ha analizado las desigualdades de la mujer en el medio rural, en principio se ha centrado en el sector primario», explica Asunción López, jefa de Gabinete de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Los datos demográficos y de empleo recogidos en el estudio hablan claro de la «innegable masculinización» del medio rural. Así, y de acuerdo con el padrón continuo de 2015, el porcentaje de mujeres en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes se sitúa de media en 47,23%. Este porcentaje roza el 48% en poblaciones entre 2000 y 10.000 habitantes, pero que se eleva al 51,58% en aquellos municipios con más de 10.000 habitantes.
Las cifras son más locuaces cuando se analiza la actividad de las mujeres en la agricultura. Solo el 22,66% de las explotaciones agrarias tienen como titular una mujer. Y en el 72,67% la presencia de la mujer se limita a definirla como cónyuge del titular. Similar situación se produce con las declaraciones de la PAC. En ellas las mujeres representan el 26,07% del total. Si lo que se analiza es el personal asalariado del sector, la presencia de la mujer se reduce al 4,69%, cuando el 26% de los parados que buscan empleo en el sector son mujeres. Unos datos, explica López, que servirán de germen para diseñar las medidas necesarias para reducir estas desigualdades.
A ello se suman dos iniciativas puestas en marcha por la Secretaría General Técnica del Departamento. Una de ellas es la creación de un acceso directo en la página web (www.aragon.es/mujeresrurales) que ofrece información actualizada de la situación de las mujeres que habitan el medio rural aragonés.
La segunda medida es la creación de una cuenta de correo electrónico (mujeresrurales@aragon.es) con la que crear un canal de comunicación con las jefaturas de servicio del Departamento para compartir información relevante relacionada con la mujer rural y establecer asimismo una vía de entrada en la que poder solicitar información.
Más información en el Suplemento Heraldo del Campo
