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Perspectivas

El año que empieza a brotar

El sector agrario aragonés encara 2017 insistiendo en la necesidad prioritaria de que el Ejecutivo autónomo sea generoso con el presupuesto de la consejería del ramo.

Chus García Actualizada 09/01/2017 a las 12:13
Imagen de archivo de un hombre sujetando entre sus dedos los primeros brotes de un cultivo de cereal de secano.

El sector agrario casi esperaba con impaciencia el momento en el que poder cerrar la puerta a 2016. No ha sido un año fácil, pero las dificultades no han llegado precisamente de su quehacer diario, porque incluso con episodios de sequía, el balance conjunto de producción, liderado por el sobresaliente incremento en los rendimientos del cereal de invierno, permite hablar de una buena cosecha.

Las complicaciones tienen nombre y apellidos políticos. Se llaman «parón institucional» o «excesiva burocratización de la PAC». Han llegado en forma de recorte de ayudas o con retrasos en el cobro de las ya mermadas subvenciones. Y han complicado un balance sectorial que habla más de la falta de productividad de las instituciones que de los frutos del campo.

Pero, aquí esta ya 2017 y en este año que comienza a brotar todos los agentes del sector agroalimentario aragonés -tanto la Consejería de Desarrollo Rural, como las organizaciones agrarias (UAGA, Asaja, UPA y Araga), la patronal de las industrias de la alimentación y la organización que aglutina las cooperativas agroalimentarias-, han fijado ya las prioridades y retos en los que hay que poner el foco y el impulso conjunto.

La promoción agroalimentaria va a ser una de las ocupaciones principales del Departamento que dirige Joaquín Olona. «Es una asignatura pendiente», señala el consejero de Desarrollo Rural, que recuerda que el propio presidente de la Comunidad, Javier Lambán, ha insistido reiteradamente en la idea «de dar a conocer más y mejor los productos aragoneses para llegar al mercado mejor y más lejos».

Prueba de esta apuesta, explica Olona, es el documento que se está ultimando junto con la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA) tanto para impulsar la marca C’alial -creada por el Gobierno de Aragón y cuyas acciones ya han comenzado- como para decidir cómo relanzar la distinción Alimentos de Aragón. «No se trata tanto de hacer una marca paraguas sino un marco de referencia», explica el consejero, que asegura que hay que «darle una vuelta» a este sello de calidad, pero reconoce que no está claro si lo mejor es mantenerlo como está o crear un nuevo referente. Por eso, será en este ejercicio cuando se convoque un concurso público para «mejorar o dar un nuevo enfoque» a Alimentos de Aragón.

Esta apuesta por la promoción agroalimentaria incluye además una mayor presencia de la producción aragonesa en certámenes y ferias. Pero no se trata de ir por ir y exponer en cualquier cita ya sea nacional o internacional. «No podemos estar en todas las ferias del mundo, así que habrá que consensuar la presencia en aquellas que son realmente un referente para cada subsector», señala y, entre ellas enumera las que se celebran en Barcelona, París o Berlín.

Puede que 2017 sea un año decisivo para las elecciones agrarias, que no se celebran en Aragón desde hace más de 15 años. Olona no concreta si el sector tendrá una cita con la urnas, pero reconoce que existe un mandato de las Cortes para abordar la extinción de las cámaras agrarias y eso implica también la puesta en marcha de un sistema para medir la representatividad de las organizaciones agrarias.

Y lo que es seguro, al menos así lo espera Olona, es que a partir de este año Aragón cuente con una ley de venta directa, una fórmula con la que se busca incrementar el valor añadido de la proximidad, favorecer la mejora de la rentabilidad de las explotaciones y la diversificación de las fuentes de ingresos de los productores y contribuir a la sostenibilidad de la actividad económica y de la población en el medio rural. «Solo está pendiente el visto bueno de los servicios jurídicos por lo que verá pronto la luz sin problemas», destaca el consejero.

En la agenda del titular de Desarrollo Rural hay otras muchas prioridades, entre ellas las relacionadas con el Medio Ambiente, pero sin duda la PAC volverá a ser de nuevo protagonista indiscutible de la agenda de trabajo de la Consejería durante 2017. No es que haya que ir pensando en una reforma intermedia, sino que (incluso desde el Ministerio ya se ha adelantado este objetivo) es hora ya de ponerse a trabajar para diseñar una propuesta que consiga que la política comunitaria a aplicar más allá de 2020 tenga en cuenta la identidad de la agricultura y la ganadería española. Y Olona ya ha llevado a Madrid la PAC que defiende el Gobierno de Aragón, por lo que espera, tal como se comprometió la ministra Isabel García Tejerina, «que este 2017 abra el debate valiente y ambicioso para sobre el futuro de las ayudas comunitarias».

Organizaciones agrarias

Por su parte, las organizaciones agrarias, las cooperativas y la industria alimentaria han entrado en el nuevo año con una larga lista de deseos y expectativas. Y todas ellas tienen la mirada puesta en los retos a los que tienen que hacer frente las administraciones para demostrar con hechos sus reiteradas alabanzas al carácter estratégico del sector.

«Ojalá en 2017 repitiéramos los rendimientos conseguidos el pasado año sobre todo en los cultivos de cereal», señala José Manuel Penella, secretario general de UAGA. Porque en lo estrictamente agrícola (es decir, en cosecha) el año que se ha ido puede considerarse «bueno».
Lo que no quieren volver a vivir es la incertidumbre que han tenido que soportar durante el pasado ejercicio por la parálisis que supuso la interinidad del Gobierno y una falta de disponibilidad presupuestaria que los agricultores han tenido que pagar de su propio bolsillo.

Presupuestos

Todos coinciden. El signo del nuevo año dependerá de la capacidad del Departamento de Desarrollo Rural para disponer de unos presupuestos «adecuados y suficientes» para no volver a tener que meter la tijera en aquellas líneas de ayudas de las que depende la buena marcha del sector. «Estamos a la expectativa de que el Gobierno demuestre esa apuesta que dice tener por el sector agroalimentario. Queremos ya hechos», dice José Ignacio Domingo, director de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón (AIAA), que recuerda lo escasas que han resultado las cifras de la Comunidad para atender los diferentes proyectos de inversión presentados por las empresas para mejorar su competitividad.

Tiene que haber dinero para campañas de promoción, señala Domingo, que insiste también en una de las reiteradas reivindicaciones de la AIAA, esto es, una marca alimentaria única que contribuya a impulsar el principal objetivo de la industria: «Que Aragón deje de ser granero para convertirse en despensa».

De las cuentas del departamento están «expectantes» también los representantes de las organizaciones agrarias. «Es fundamental disponer de fondos suficientes para poder hacer frente a la financiación de las ayudas del desarrollo rural». Es José Manuel Penella, secretario general de UAGA, quien habla, pero casi con las mismas palabras lo suscriben uno a uno, Ángel Samper, de Asaja Aragón, José Manuel Roche, de UPA Aragón, y Jorge Valero, de Araga.
Y todos ellos recuerdan al Ejecutivo actual, que ‘heredó’ de la pasada legislatura el compromiso de destinar recursos adicionales para completar la cofinanciación de las ayudas comunitarias. «Calculamos que este año los presupuestos de la consejería deberían añadir, al menos, 50 millones de euros más», señala Penella, que explica que las líneas de subvenciones recogidas en el conocido como segundo pilar de la PAC son las que permiten impulsar la incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones, la inversión en la industria, la investigación y la innovación...

«Estamos preocupados», señala Samper, que asegura que Asaja teme que vuelva a repetirse la situación de 2016, en el que la falta de disponibilidad presupuestaria ha puesto en riesgo la rentabilidad de las explotaciones. «Los agricultores han tenido que hacer frente a los compromisos adquiridos, pero luego las ayudas se han quedado en la mitad», lamenta. «Hay que recuperar la política de ayudas sin recortes», reitera Roche, que insiste también en la importancia de que el Gobierno de Lambán cumpla el compromiso y aporte los más de 150 millones para los fondos adicionales.

Un mayor presupuesto es también lo que Cooperativas Agroalimentarias espera que traiga este nuevo año. Porque, como explica su presidente, José Víctor Nogués, son muchos los retos a los que tiene que hacer frene el sector en este 2017, pero hay prioridades. Y todas exigen apoyo público.

«La falta de presupuesto ha obligado a muchas cooperativas a paralizar sus proyectos de inversión por quedarse fuera de las ayudas previstas para tal fin», señala Nogués, que lamenta que no se ha haya realizado un plan coordinado para la industria.
Al representante del cooperativismo le gustaría que este año fuera el de las integración cooperativa, pero reitera que para ello se necesitan recursos públicos. «Volvemos a ser de segunda división porque otras comunidades autónomas ya cuenta con ayudas para favorecer que las cooperativas ganen dimensión», explica.

Precios

Al sector agrario le gustaría que el nuevo año fuera un antes y un después en el constante e inquietante desplome de los precios agrarios. No es solo un deseo. Es una reivindicación, porque, como recuerdan los sindicalistas, existen herramientas para conseguirlo. «Ahí está la ley de la cadena alimentaria y es el momento de avanzar en ella, sobre todo en aspectos como la venta a pérdidas, la puesta en marcha del mediador o el desarrollo del observatorio de precios», explica Penella.

El representante de Asaja considera que ya es hora de que se regule para «evitar especulaciones» que pueden poner en peligro sectores «punteros» como el porcino o las frutas, en los que Aragón destaca no solo en producción, también en innovación.

En la ley de cadena alimentaria se para también José Manuel Roche cuando detalla los retos del recién estrenado año. «Es la solución a la problemática de los precios», señala el secretario general de UPA, que lamenta que el parón político del pasado año haya impedido avanzar en esta normativa que, en su opinión, debe controlar con rigidez las «prácticas abusivas de las grandes cadenas de distribución» que terminan hundiendo las cotizaciones agrarias. Una vigilancia que reclama Jorge Valero, para quien «lo que está pasando con los precios no es normal y está llevando a la ruina a los productores».

PAC

Y como ya viene siendo habitual, el sector agrario está convencido de que, guste o no, la Política Agraria Comunitaria volverá a ocupar y preocupar durante 2017. No solo porque a la reformada PAC ya le han salido nuevas modificaciones que habrá que aplicar este año, sino porque hay que ir preparando el camino para elaborar una propuesta, a poner en marcha más allá de 2020, más acorde con los intereses del sector español. La consejería lo tiene claro, incluso ya presentó una al Ministerio. Los sindicatos también. «Todos nos tenemos que poner las pilas para abordar una reforma en profundidad», destaca Penella, si bien hay quien, como Ángel Samper, que se muestra desconfiado, no cree que haya grandes movimientos y teme que suceda lo de siempre: «cada vez que hay un cambio en la PAC a quien levantan la cartera es a los agricultores», dice.
 
Los enigmas que vienen de fuera
  • Brexit. Será en 2017 cuando previsiblemente el Reino Unido inicie las conversaciones oficiales con Bruselas para acordar los términos de su salida de la Unión Europea -el conocido ‘brexit’-, una decisión que emanó, para sorpresa de muchos, del referéndum celebrado en las islas británicas el pasado año. De estas conversaciones estará muy pendiente el sector agroalimentario aragonés, porque hacia ese mercado se dirigen anualmente alimentos y bebidas por valor de 3.581 millones de euros, según los datos del ICEX que sitúan a este destino como el cuarto más importante para el sector español. La desconexión británica genera incertidumbre, especialmente en carnes y vinos, posiblemente las producciones más afectadas, pero también en la hortofruticultura que teme un nuevo escenario arancelario que supondría «un incremento de los costes comerciales». Hay también, sin embargo, quienes piensan que lo más probable es que se encuentre un nuevo marco legal entre Bruselas y Londres que permita continuar con el mercado único sin aranceles o restricciones, como el que se mantiene con Noruega, por lo que el comercio agroalimentario no se resentiría en demasía. Habrá que cuantificar además el coste que tiene la salida de la agricultura británica de la PAC y, sobre todo, quien o quienes lo asumen.
  • TTIP. La llegada de Donald Trump al sillón del despacho oval de la Casa Blanca inquieta al sector agroalimentario. Es cierto que el ascenso del multimillonario a la presidencia estadounidense ha arrinconado en un cajón -tal como deseaban los agricultores- el polémico Tratado Transatlántico de Libre Comercio que negociaban -casi en secreto- Bruselas y Washington. Pero más allá de este poco deseado acuerdo existen otros muchos protocolos comerciales actualmente en vigor que podrían también estar en peligro. No se sabe qué giro dará el gabinete de Trump a las exportaciones europeas y se teme que aumente el proteccionismo, que pondría en serio aprieto a los envíos hortofrutícolas o vitícolas procedentes de Europa -y especialmente de España-. Porque Estados Unidos es el principal cliente de las exportaciones de la UE, donde adquiere productos por valor de casi 19.000 millones (1.485 millones en España). Desde Asaja se muestran convencidos de que el comercio con EE. UU. no va a desaparecer. Alertan, sin embargo, de que las exportaciones resultarán más caras o estarán mucho más reguladas. Para COAG lo preocupante no son solo los aranceles o los posibles contigentes -que también-, sino posiciones ultranacionalistas más lesivas para los europeos que el propio TTIP.
  • Veto ruso. No había hecho más que empezar el mes de agosto de 2014 cuando el Gobierno ruso anunciaba la decisión de cerrar las fronteras del gigante euroasiático a una gran mayoría de productos alimenticios, agrícolas y ganaderos procedentes de aquellos países (Estados Unidos, Canadá, Noruega y el resto miembros de la Unión Europea) que habían apoyado sanciones económicas contra Rusia por su papel en el conflicto ucraniano. El veto caía como un jarro de agua fría en Aragón, que se encontraba en plena campaña de la fruta, una producción con elevadas exportaciones al mercado ruso. Dijo entonces que la prohibición se mantendría un año más, pero lo cierto es que desde entonces el boicot ha ido renovándose una vez tras otra y ahí seguirá, al menos, hasta finales de 2017. Los productores afectados han trabajado para suplir los efectos del cierre de este mercado, pero la consecución de nuevos clientes internacionales no es tarea de dos días. Porque el efecto de esta medida no es solo aquello que no puede comercializarse en Rusia sino la saturación que produce en el mercado europeo la confluencia de aquellas producciones que no tienen salida hacia Moscú. Y todo ello se traduce en una constante caída de precios que se teme se produzca también durante este ejercicio.
  • Tratado marroquí. El año que queda atrás terminaba con una sentencia «espinosa e histórica», como la define Cooperativas Agroalimentarias. El pasado 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea validaba el acuerdo comercial sellado en 2012 entre la UE y Marruecos y revocaba una sentencia anterior que mantenía paralizado parcialmente el pacto por un recurso en el que el Frente Polisario alegaba que el acuerdo para liberalizar el intercambio de productos agrícolas y pesqueros afectaba también al territorio del Sáhara occidental. La máxima autoridad judicial europea considera que el pacto es válido porque no menciona expresamente su aplicación en el Sáhara occidental, territorio que la legislación de la UE no considera parte del reino alauí, pero, coincide con la sentencia anterior en que Marruecos no puede exportar productos saharauis como propios. Habrá que ver durante este año cuál es el impacto de esta decisión judicial, pero las organizaciones agrarias ya han exigido un endurecimiento de los controles en frontera para evitar que lleguen la mercado comunitario productos agrícolas del Sáhara Occidental como si fueran marroquíes. Y las cooperativas incluso estudian la posibilidad de reclamar compensaciones a la UE por la aplicación indebida del acuerdo en el pasado.

Más información en el Suplemento HERALDO DEL CAMPO



 




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