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El juez que investiga el fuego en la residencia de Santa Fe eleva la cifra de fallecidos a nueve

La última víctima murió hace 12 días, pero al certificar el deceso los médicos obviaron su relación con el suceso. Los forenses han recibido ahora otro informe del hospital que precisa que la muerte del paciente se debió al incendio.

Miguel Ángel Coloma. Zaragoza Actualizada 03/11/2015 a las 08:07
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Un especialista de la Guardia Civil recogía pruebas en la habitación donde se originó el incendio.oliver duch

El Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza ha incorporado esta semana a las diligencias del incendio de la residencia de Santa Fe, registrado en la madrugada del 11 al 12 de julio, un informe forense que relaciona el reciente fallecimiento de otro residente con la tragedia. El hombre, José Luis P., de 71 años, era el único herido que continuaba hospitalizado desde aquella fatídica madrugada. Sin embargo, en un primer momento, los médicos que firmaron el certificado de defunción no precisaron la relación de esta con el incendio. Y ello impidió que el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) pudiera informar de este fallecimiento al juez para que actualizara el balance de víctimas de la residencia.

Según fuentes consultadas por este diario, para que no quedaran dudas a los efectos de la investigación, los médicos del hospital donde murió José Luis P. han emitido un informe complementario sobre las causas del fallecimiento. Y, esta vez sí, los facultativos relacionan de forma clara y directa las quemaduras y lesiones sufridas por este residente durante el incendio con su posterior deceso. El informe llegó a finales de la semana pasada al IMLA, que rápidamente puso al corriente al instructor del caso para que pueda ofrecer a la familia de este hombre su personación en las actuaciones.

La última víctima de la tragedia recibió sepultura el pasado 17 de septiembre, por lo que los forenses ya no podrán practicarle la preceptiva autopsia. En cualquier caso, parece que el informe del hospital es tan claro que tampoco sería necesario. Se da además la circunstancia de que el paciente llevaba más de dos meses tratando de recuperarse de las lesiones sufridas en distintos centros sanitarios de la capital aragonesa, por lo que el historial y la evolución de sus lesiones son detallados.

"En un primer momento ingresó en la UCI del Hospital Miguel Servet, después debido a las quemaduras pasó a la unidad de quemados y cuando mejoró fue trasladado al hospital San Juan de Dios para iniciar la rehabilitación", señaló la familia a Heraldo.es tras la defunción. No obstante, una nueva recaída hizo que el hombre tuviera que ser hospitalizado de nuevo en la UCI del Hospital Miguel Servet. Aunque después fue trasladado a planta, a los quince días se produjo su fallecimiento.


Han fallecido otros residentes

El incendio de la residencia fue presuntamente provocado por una interna de 62 años, María del Carmen A., quien tras pasar unos días en la unidad de Psiquiatría el Servet fue enviada por el juez a la prisión de Zuera. Además de causar las ocho muertes, el fuego y el humo afectaron a otra docena de personas, incluida la única cuidadora que se encontraba en el centro. Sin embargo, todas ellas, salvo José Luis P. (ahora fallecido), recibieron pronto el alta médica.


Al parecer, al menos dos de los residentes han muerto también en los meses posteriores a la tragedia. Pero los médicos han certificado estas defunciones como naturales, relacionándolas con dolencias y patologías propias de la avanzada edad de estas personas y no con las lesiones sufridas durante el suceso. De ahí que no hayan sido incorporadas al balance de víctimas.


Lo que sí hicieron las familia de siete de los heridos fue presentar una denuncia conjunta contra la propietaria del centro de mayores y su compañía de seguros, así como contra el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza como presuntos responsables subsidiarios del suceso.

En la denuncia, que fue tramitada por el letrado Ricardo Agoiz ante la Guardia Civil, se dice que las administraciones no cumplieron con su obligación a la hora de hacer las revisiones pertinentes para garantizar que en la residencia hubiera un plan de incendios y evacuación. De hecho, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ya reconoció que el edificio carecía de este. Además, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno aragonés han admitido que el centro funcionaba sin licencia municipal de obras ni de apertura.







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