Un anciano no logra recordar la denuncia que presentó contra su gestora por estafa
El octogenario la acusó de apropiarse de 15.000 , pero su deterioro le impidió ratificar ayer los cargos ante el tribunal.
Sin embargo, la edad jugó una mala pasada a este hombre, que precisó de ayuda hasta para subir a declarar al estrado y fue incapaz de escuchar las preguntas que a gritos le hacían tanto el presidente del tribunal, como la fiscal y su propia abogada. Circunstancia que podría condicionar bastante a los magistrados a la hora de dictar sentencia, ya que el perjudicado no recuerda los hechos y la acusada directamente los niega.
Pero la desmemoria y las limitaciones del anciano no hicieron cambiar de opinión a la representante del ministerio público, que mantuvo la petición de dos años de prisión para la encausada. Tampoco se desdijo la letrada que defiende los intereses del denunciante, Esther Portero, quien aún solicitó más pena: seis años. Para la abogada de la acusada, Isabel Leonar, tan solo cabe la libre absolución de esta, ya que entiende que nadie ha probado que haya cometido delito alguno.
Durante su informe final, la Fiscalía recordó que la acusada se encargaba de hacer la declaración de la renta al anciano y que en el año 2003 le convenció para invertir sus ahorros en un fondo garantizado de Mapfre. Según la acusación pública, pasado un tiempo, Esther F. G. desvió 15.000 euros de este fondo a una de sus cuentas.
Y aunque la gestora mantiene que lo hizo con consentimiento del octogenario en concepto de préstamo, la Fiscalía entiende que es autora de un delito de apropiación indebida. Principalmente, porque la acusada asegura que el acuerdo quedó plasmado en un contrato privado, pero nunca ha presentado el original de dicho documento."La Guardia Civil se lo requirió en múltiples ocasiones y siempre adujo alguna excusa para no llevarlo: desde que se lo quedó su anterior abogada hasta que no le venía bien pasarse por el cuartel", explicó ayer la acusación pública.
"Ni me apropié del dinero ni me aproveché de la confianza de Antonio (el denunciante). Yo le dije que necesitaba los 15.000 euros, él me los dejó y yo se los devolví después", declaró ayer la acusada ante el tribunal. Sin embargo, como recordó la acusación particular, al no presentar el original del supuesto contrato privado ante la Guardia Civil "ha sido imposible practicar una prueba pericial caligráfica para demostrar que la firma del anciano era auténtica". "Pero no se equivoquen, no es que no lo encuentre.Es que ese contrato sencillamente no existe", insistió ayer la letrada del octogenario.
"¿Dejar dinero? Ni a mi padre"