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Frente común para que se garantice la atención sanitaria del Aragón Oriental en Cataluña

Ayuntamientos y comarcas piden que los PGE recuperen el fondo para mantener esta cobertura.

Patricia Puértolas. Fraga Actualizada 16/10/2015 a las 08:47
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Algunos de los alcaldes y presidentes de comarcas, ayer en la puerta de Ayuntamiento de Fraga.P. Puértolas

Alcaldes y presidentes comarcales de La Litera, Ribagorza y Bajo Cinca han unido fuerzas con el fin de reivindicar la recuperación del Fondo de Cohesión Sanitaria, que ha desaparecido de los presupuestos estatales de 2016 y que permite compensar económicamente a las comunidades que asisten a pacientes de otras.

En su opinión, la falta de dotación amenaza la cobertura sanitaria que los casi 40.000 habitantes oscenses del Aragón Oriental reciben en Cataluña y en consecuencia, creen que puede provocar una pérdida de calidad asistencial, un conflicto entre territorios e, incluso, acentuar los casos de aragoneses que deciden empadronarse en municipios de la comunidad vecina.

Así lo aseguraron ayer algunos de los responsables políticos de las zonas afectadas, que mantuvieron un encuentro en Fraga. En total, asistieron representantes de 24 municipios oscenses del Aragón Oriental, que decidieron constituir una comisión de trabajo, en la que están representados los presidentes de las tres comarcas, el alcalde de Fraga y representantes de los ayuntamientos de Baells, Mequinenza, Zaidín, Albelda, Arén y Benabarre.

Como primera medida, aprobaron un manifiesto conjunto en el que piden al Gobierno de España que "rectifique" su postura y de este modo, recupere con dotación "suficiente" el Fondo de Cohesión Sanitaria. En el año de su creación (2011), contó con 150 millones de euros y de forma drástica fue perdiendo financiación hasta los 2,3 millones de 2015. En Aragón, este fondo permite atender en centros catalanes a los habitantes del Aragón Oriental, que tienen como referencia el hospital Arnau Vilanova de Lérida, al que acuden para ser tratados por especialistas, someterse a intervenciones o llevar a cabo tratamientos de larga duración.


La opinión de los vecinos

El alcalde de Alcampell y presidente de la Comarca de La Litera, Josep Antón Chauvell, subrayó que "aquí estamos para defender la opinión de nuestros vecinos, que quieren seguir siendo atendidos en Lérida y además, por diferentes motivos, entre ellos, la proximidad o la relación comercial existente".


Para su homólogo en el Bajo Cinca y, al mismo tiempo, alcalde de Torrente de Cinca, José Evaristo Cabistañ, la atención actual es la lógica, ya que "sería incomprensible que un vecino de mi localidad tuviera que levantarse a las cinco de la mañana para coger un autobús en Fraga y desplazarse hasta el hospital de Barbastro". "El transporte público hacia esta zona es escaso y además, los familiares sufrirían un grave trastorno", añadió.


Según detallaron algunos de los asistentes, la relación sanitaria entre Aragón y Cataluña está empezando a enfriarse y desde hace algún tiempo, cada vez es más frecuente que ciudadanos aragoneses opten por empadronarse en municipios catalanes con el fin de ver garantizada su asistencia sanitaria.

Asimismo, el alcalde de Fraga, Miguel Luis Lapeña, insistió en que la falta de fondos podría derivar en un "innecesario" enfrentamiento entre comunidades. Para evitarlo, apostó por el trabajo conjunto desde las instituciones con el fin de "defender el derecho de nuestros vecinos a una sanidad digna y de calidad".

En relación a ello, el manifiesto acordado también insiste en la necesidad de tratar la sanidad como "un bien patrimonial y un derecho fundamental" y en consecuencia, mantener esta cuestión al margen de "cualquier enfrentamiento o litigio" que pueda existir entre Aragón y Cataluña.

"Nadie debe olvidar que hablamos de pacientes y por lo tanto, sobran los colores políticos o las nacionalidades", insistió la presidenta de la Ribagorza, Lourdes Pena. El documento incluye además la intención de la comisión formada de solicitar una reunión con los responsables autonómicos de Sanidad de Aragón y Cataluña y, al mismo tiempo, pide a ambos gobiernos que "establezcan canales de entendimiento para valorar y compensar entre ambos el coste de estos servicios".







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