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Olona frena la licitación de las obras y la gestión de once depuradoras por 91 millones

El consejero de Sostenibilidad quiere revisar tanto la fórmula público-privada como las infraestructuras previstas.

Isabel Ara. Zaragoza Actualizada 15/10/2015 a las 08:45
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Nuevo parón del Plan Especial de Depuración. El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha decidido dejar en suspenso la adjudicación de los contratos para la construcción y futura gestión de las últimas once plantas que quedan pendientes de las 131 previstas en las tres provincias dentro de este polémico plan, puesto en marcha hace una década y que ya debía estar concluido. El nuevo giro que pretende dar el Gobierno PSOE-PAR aumentará aún más el gran retraso acumulado por los problemas de financiación, el abandono de algunas empresas y los modificados en los proyectos.

Los dos contratos se licitaron en abril, apenas unas semanas antes de las elecciones autonómicas. La previsión era que el proceso administrativo estuviera concluido en julio, pero el nuevo Ejecutivo ha decidido paralizarlos. Corresponden a dos de los tres sectores en los que el anterior Ejecutivo decidió dividir, con el objetivo de agilizar las obras, la zona 10 del plan, que abarcaba las comarcas del Matarraña, el Bajo Aragón, el Maestrazgo y Bajo Aragón-Caspe.

En concreto, el área 10-B incluye las instalaciones de los municipios turolenses de Aguaviva, Cantavieja, Castellote, Castelserás, La Iglesuela del Cid, Más de las Matas y Valdealgorfa. El Instituto Aragonés del Agua (IAA) las sacó a concurso en abril por 44,8 millones. Paralelamente, se licitó por otros 46,3 millones el lote 10-C, que corresponde a las depuradoras proyectadas en Calaceite y Mazaleón, también en Teruel, y en las poblaciones zaragozanas de Nonaspe y Maella.

Del presupuesto total, las obras suponían unos 20 millones, mientras que los 71 restantes se destinaban a pagar a las concesionarias la gestión durante 20 años, ya que como las demás infraestructuras del plan, se iban a ejecutar a través de la colaboración público-privada. Este modelo –con el que la DGA no tiene que adelantar dinero y va compensando el coste de la construcción durante el periodo de concesión– ha sido criticado desde distintos sectores y partidos, y ahora es el propio consejero el que lo pone en cuestión.

Olona considera que esta fórmula "abre las puertas a la privatización de un servicio tan básico como es el agua", por lo que apuesta por revisar tanto el modelo de concesión hasta ahora utilizado como las técnicas de depuración en las que se basan los proyectos. Aboga por usar "las tecnologías más adecuadas en cada caso".

Aunque advierte de que la revisión será "un proceso largo", afirma que ya se ha iniciado y que el próximo paso será "empezar a hablar con las instituciones y los colectivos implicados para que las decisiones estén abiertas a la participación". En este sentido, intentará lograr "un acuerdo lo más amplio posible con las partes", huyendo de medidas "unilaterales". "Es una cuestión con muchos componentes técnicos –añade el titular de Desarrollo Rural y Sostenibilidad–, pero también políticos".

En este sentido, hay que tener en cuenta que la revisión de los planes de depuración formaba parte de los compromisos adquiridos por el PSOE con los partidos de izquierdas para la investidura de Javier Lambán como presidente de la DGA. Además, este año ya estaba prevista la actualización en su conjunto del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, que incluye tanto el citado plan como el del Pirineo.

Este último también está bloqueado. Aunque en este caso no ha habido rescisiones contractuales, las adjudicatarias llevan años sin avanzar en las obras por falta de financiación. De las casi 300 instalaciones previstas, solo funcionan 21, si bien en 2014 el IAA presentó un nuevo documento que descartaba 84 obras.


La de Utebo no se rescindirá

La que sí que sigue adelante es la de Utebo, adjudicada por segunda vez en diciembre pasado. La empresa ya ha presentado el proyecto constructivo, ahora en información pública, y se prevé que se empiece a trabajar antes de que acabe el año. Para Olona, "sería una irresponsabilidad rescindir el contrato ya que no tiene sentido asumir el perjuicio económico que supondría".







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