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Hacienda retiene partidas del presupuesto por 175 millones para poder pagar nóminas

El Consejo de Gobierno lanza hoy la refinanciación de las empresas públicas, con la que prevé ahorrar 51 millones el próximo año.

J. A. Zaragoza Actualizada 15/10/2015 a las 08:38

Los departamentos del Gobierno de Aragón se tendrán que apretar aún más el cinturón y paralizar actuaciones comprometidas, ya que Hacienda ya dado orden de retener partidas por 175 millones para poder pagar las nóminas de Educación y de Sanidad. El bloqueo de créditos también servirá para cubrir una parte del déficit de inclusión social y de dependencia y atender la sentencia respecto a la financiación de la Universidad.

Esta es la primera medida de choque que el consejero de Hacienda ha adoptado para hacer frente el déficit presupuestario, que elevó ayer a 608 millones en su comparecencia en las Cortes, y a la que sucederá el proyecto de refinanciación del sector público empresarial. El Consejo de Gobierno da hoy su aprobación, de forma que se alargará el plazo de devolución de 234 millones y se reducirán los intereses, de forma que se podrá disponer de 51 millones extra en 2016.

El responsable socialista defendió la citada reforma fiscal para atender las prioridades del Gobierno, "recuperar la calidad de los servicios y la adecuada senda presupuestaria". Para ello, recordó que en 2016 dispondrán de una aportación adicional de 180 millones del Estado y que se recurrirá al fondo de liquidez autonómica (FLA) para disponer de mejores condiciones de financiación.

El portavoz del PP, Antonio Suárez, le acusó otra vez de lanzar "verdades a medias", negó que recortaran servicios públicos con el argumento de la alta valoración ciudadana y, de nuevo, recurrió a la herencia que recibieron en 2011 del PSOE. Así, citó los 400 millones de gasto sanitario que se encontraron al llegar al Pignatelli.

Su homóloga de Podemos, Marta de Santos, señaló que el endeudamiento ha "secuestrado" los presupuestos de los próximos años y condiciona los de los próximos 20 años. Tampoco se olvidó de defender los servicios públicos y reclamar una mayor progresividad en los impuestos.

La aragonesista Elena Allué advirtió que por mucho que se suban los impuestos será imposible atender los acuerdos del PSOE con sus socios y advirtió de que serán "implacables" para evitar que el esfuerzo fiscal recaiga de nuevo en las familias.

Por su parte, Ramiro Domínguez (C’s) abogó por adelgazar la administración y el sector público e incrementar el control del fraude, mientras Patricia Luquin (IU) defendió un cambio "radical" de política fiscal para deshacer los ajustes "a machetazos" del PP.







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