El llamado caso Cuadros, en el que se investigan posibles irregularidades en la compra millonaria de cinco óleos por parte de la DGA y Plaza en la etapa PSOE-PAR, podría tener los días contados. El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía ya informó el pasado mes de mayo al juez de que no había hallado indicios de malversación, ya que los 13,6 millones abonados por las obras se ajustaban al precio de mercado. Sin embargo, antes de pronunciarse sobre el archivo de las diligencias, el instructor quería esperar a que llegaran los resultados de la comisión rogatoria que pidió a la Justicia británica para que rastreara el pago del óleo "La letra con sangre entra" a través de una cuenta de Londres. Seis meses después, ese informe acaba de llegar y tampoco destapa movimientos bancarios sospechosos.

La DGA anunció la compra del cuadro en 2007 pero esta no se hizo efectiva oficialmente hasta el mes de marzo de 2008. Supuestamente, la obra era propiedad de la galería de arte madrileña Caylus, por lo que fue a una cuenta de esta en La Caixa a la que se transfirieron los 2,5 millones que costó el óleo. Sin embargo, la Policía descubrió después que la verdadera dueña del cuadro era la sociedad británica Dougall Arts Limited, ya que esta lo había adquirido a Caylus por 850.000 euros en 2006 sin ningún tipo de publicidad. Pero aún se produjeron más sospechas, ya que el Grupo de Blanqueo supo que el dinero pagado por la DGA no se transfirió desde la cuenta de Caylus a una de Dougall Arts Limited, sino que quien cobró el importe de la venta fue otra empresa diferente: Jacobs Fine Arts. Y lo hizo a través de una cuenta del Barclays Bank de Londres.

Este cúmulo de intermediaciones resultó también sospechoso al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, quien se dirigió en diciembre de 2014 a la United Kingdom Central Authority rogándole que investigara el pago del lienzo a través de esta cuenta.

La Justicia británica hizo saber al magistrado zaragozano que autorizaría el rastreo de los movimientos de esta cuenta, pero le adelantó que los resultados tardarían al menos seis meses en conocerse. Estimación que ha sido bastante precisa, puesto que fue en junio cuando el instructor del caso recibió un dosier en inglés que ha sido posteriormente traducido al español para que la Policía pudiera examinarlo.

A diferencia de lo ocurrido en otras causas vinculadas con la Plataforma Logística de Zaragoza, el magistrado que investiga el caso Cuadros ni siquiera ha llegado a citar a nadie como imputado. Tampoco ha llamado a declarar a ningún testigo, ya que todos los que han comparecido lo han hecho en comisaría. La Policía interrogó a todas las personas que intervinieron en las compras, así como a reconocidos especialistas vinculados con el mercado del arte. Tras hacerlo y de forma contraria a lo que pensaba la Fiscalía –que fue la que interpuso la denuncia a raíz de un informe de Apudepa–, la Policía concluyó que el precio pagado por los cuadros no fue desproporcionado.