Un impacto de 90 millones sobre las depauperadas arcas autonómicas. Esta es la traducción a euros que el Gobierno aragonés ha hecho del compromiso anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de subir un 1% el sueldo a todos los funcionarios del país, devolverles la paga extraordinaria de Navidad de 2012 y todos los moscosos. El Ejecutivo del PP ha incluido estas medidas en los Presupuestos General del Estado para 2016, pero tendrá repercusión a los empleados públicos de todas las administraciones, dos millones de personas en total, de las cuales 40.000 cobran dependen del Gobierno regional.

Fuentes del gabinete PSOE-CHA mostraron su malestar por el anuncio "electoralista" del ministro Montoro, puesto que sin haber consultado siquiera a las comunidades autónomas ha condicionado sus cuentas para el próximo ejercicio. "No quiere flexibilizar el objetivo de déficit ni asume parte del esfuerzo fiscal como se le ha solicitado y ahora tenemos que correr con un gasto millonario más que dificultará aún más el cumplimiento del límite para 2016, fijado en un 0,3%", señalaron.

De hecho, desde la DGA se defendió que sean las arcas estatales las que asuman el impacto del anuncio del PP, que se empezará a sentir después del verano. En septiembre habrá que pagar ya otro 25% de la paga extraordinaria suprimida hace tres años, que se sumará al 25% devuelto en Aragón el pasado mes de abril, con retraso en comparación con el resto de autonomías. El 50% restante lo cobrarán los funcionarios en 2016 en dos pagos, uno en marzo y otro en septiembre, siempre que haya disponibilidad presupuestaria.

Los cálculos del Ejecutivo autonómico apuntan que solo el 75% de la paga de Navidad de 2012 pendiente de desembolsar supone un coste de 60 millones, a los que se unen otros 20 que supondrá la subida salarial del 1%. Además, el compromiso de devolución de los moscosos (tres de los seis de los que tenían) y de los días libres por antigüedad, los ‘canosos’, implicará otro gasto de 10 millones para cubrir los puestos, según los cálculos oficiales.

El problema es que el Gobierno de Javier Lambán aún tiene que digerir los 19,4 millones no presupuestados por la expresidenta Rudi para pagar el 25% de la paga extra a los funcionarios antes de las elecciones autonómicas y locales. De hecho, este dinero forma parte de los 195,7 millones de déficit presupuestario que debe solventar en el mes de septiembre el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, mediante las oportunas modificaciones de partidas.

Ni siquiera se podría compensar este coste añadido de 90 millones a cuenta del suplemento de financiación que esta misma semana anunció el Ministerio de Hacienda para las comunidades autónomas. A Aragón le corresponde 187 millones, pero este dinero extra no se puede destinar a otro gasto que no sea reducir el déficit.