La juez archiva la causa abierta contra el expresidente y la junta de Araga al no ver ningún delito

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza acaba de decretar el sobreseimiento de la causa abierta por presunta apropiación indebida contra el expresidente de la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (Araga) José Manuel Tornos, al que su sucesor en el cargo, Jorge Valero, denunció en mayo de 2013 por el supuesto cobro irregular de dietas.

La magistrada Natividad Rapún no solo llega a la conclusión de que ni Tornos ni su junta directiva –que también estaba imputada– han cometido el mencionado delito, sino de que Jorge Valero podría haber tenido "motivos espurios" para presentar la denuncia. En concreto, la juez menciona la decisión de la anterior junta directiva de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que le "afectaba negativamente" a su condición de empleado de Araga, así como por su "participación" en el proceso electoral de la asociación para elegir a sus cargos directivos. De hecho, las elecciones fueron muy conflictivas y se llegaron a interponer hasta dos denuncias más, una por robo de información de los ordenadores, ninguna de las cuales prosperó.

La única que se ha instruido es la de la supuesta apropiación indebida de 14.000 euros en dietas que cobró Tornos y que, según llegó a plantear la Audiencia Provincial, podría constituir una "retribución encubierta", algo que prohíben de forma expresa los estatutos de Araga.

La magistrada, en un contundente auto, señala que las declaraciones que prestaron a todos los imputados corroboran lo que ella misma indicó el 17 de septiembre de 2014 en otro escrito: que la decisión de la junta directiva de abonar a Tornos 1.000 euros mensuales no fue sino "una forma aplazada de reintegrarle los gastos que ya había realizado desde su toma de posesión como presidente de la asociación un año antes".

Estos gastos, como plantearon las letradas de Tornos Cristina Martínez y Carmen Sánchez Herrero, fueron en concepto de desplazamientos que su cargo le exigía y los derivados del uso de su teléfono personal para gestionar asuntos propios de Araga, que se fijaron en 150 euros mensuales. La magistrada explica que se optó por el aplazamiento al entender que un único pago resultaría mas gravoso para la economía de la asociación. "Es cierto –añade la juez– que el documento en el que se plasmó tal acuerdo podía haber sido redactado de forma más afortunada a fin de evitar interpretaciones contrarias a su verdadero espíritu, pero también lo es que la explicaciones facilitadas por imputados y testigos permiten concluir que la finalidad perseguida por el órgano de dirección de Araga no era contraria a derecho ni vulneraba los estatutos de la entidad".

A través de estas declaraciones, a la juez le queda claro que el cargo de presidente "generó unos gastos" a José Manuel Tornos que en "ningún momento" sufragó Araga y que tuvo que abonarlos él personalmente. Recuerda, además, que los presidentes anteriores disponían de un teléfono propio de la asociación, de una tarjeta de crédito con cargo a las cuentas de esta y de un sueldo mensual.

"Beneficios de los que nunca disfrutó Tornos", advierte. Es más, añade que ninguno de los imputados ha llegado a percibir de Araga las cantidades que les adeudan por gastos ya satisfechos por ellos. Por todas estas razones, decreta el sobreseimiento provisional de la causa, que puede ser recurrido.