El acusado de gastar 2.212 € en gasolina dice que el alcalde de Figueruelas le autorizó

Jorge Rafael Zarazaga está siendo juzgado en la Audiencia de Zaragoza por jurado popular que decidirá si cometió un presunto delito de malversación de 2.212 euros procedentes de las arcas del Ayuntamiento de Figueruelas. El acusado trabajó durante años como empleado laboral del consistorio y estaba encargado de coordinar el área de Cultura y Festejos. Entre otras tareas, debía viajar para contratar capeas, orquestas y cualquier evento cultural o festivo que se llevara a cabo en esta localidad ribereña que, según se expuso en la vista oral, tiene unos 400.000 euros de presupuesto para estas actividades.

Entre el 7 de enero de 2012 y el 4 de enero de 2013, aprovechando que el Ayuntamiento tiene abierta una cuenta en la estación de servicio Miravegas, hizo un total de 42 repostajes de gasolina para tres vehículos particulares, por un importe de 2.210 euros. Para el fiscal y la acusación particular, ejercida por el letrado José Antonio Sanz en nombre del consistorio, el empleado municipal –que fue despedido tras descubrirse estos gastos– hizo todo esto a sus espaldas.

Sin embargo, Jorge Rafael Zarazaga mantiene que tenía la autorización "tácita" del alcalde, sobre todo a raíz de que en 2011 cambiara su residencia de Figueruelas a la capital aragonesa y el Ayuntamiento dijera que no le iba a pagar kilometraje en la nómina.

"Igual que cuando en 2007 me fui a vivir al pueblo y se lo dije, al regresar a Zaragoza también se lo planteé. Les pregunté si me iban a pagar los kilómetros y me dijeron que no, pero que podía echar gasolina de manera decorosa", declaró. Explicó al jurado que tampoco le exigieron entregar los justificantes, porque lo hacía la gasolinera cada final de mes y les mandaba una copia. "La primera vez llevé el albarán al Ayuntamiento y me dijeron que no era necesario", manifestó.

Las acusaciones mantienen que la estación de servicio pasaba un cobro al mes de manera global por todos los vehículos que repostaban, desde el tractor a la desbrozadora pasando por una dumper o dos furgonetas y que de esta manera el pago de la gasolina quedaba camuflado.

Sin embargo, Zarazaga lo negó y dijo que cada albarán incluía el nombre, el DNI y el vehículo para el que se suministraba el combustible. Su abogado, Joaquín Celma, planteó que entonces como delincuente era "muy torpe".

"El ayuntamiento sabía perfectamente mis consumos y mi vida profesional y personal", expresó. Añadió que de una legislatura a otra pasó de tener dos jefes a cinco. En una tenía que dar cuenta al alcalde y la concejal del área. "Pero luego la dividieron y debía responder ante el de festejos, el de cultura, el de juventud, el teniente de alcalde y el alcalde". El acusado se enfrenta a una pena de entre seis meses y un año de cárcel, multa y la devolución del dinero.