El órgano fiscalizador solo aceptó 114 de las 600 alegaciones del Gobierno

Desató una tormenta política cuando salió a la luz el informe provisional y desde el Gobierno de Aragón se vertieron duros ataques a la Cámara de Cuentas. Hasta el punto de que el informe de alegaciones del Ejecutivo autonómico se convirtió en un escrito más político que técnico, en el que se cuestionaba incluso "la independencia" y "objetividad" del órgano fiscalizador. Durante 15 páginas, la DGA instaba a la Cámara a hacer dictámenes "extraordinariamente rigurosos" para no poner en riesgo su "estabilidad" y advertía de la existencia de "juicios políticos".

En total, se presentaron 600 alegaciones, una cifra récord en el trámite de audiencia pública de este tipo de informes. Pero solo se aceptaron 114 y han servido para matizar algunas de las afirmaciones de la Cámara o para suprimir otras. Es el caso por ejemplo, de los límites para dar avales en 2013. La fiscalización provisional consideraba que la DGA había sobrepasado el límite fijado en el proyecto de ley de presupuestos, pero en el dictamen final se rectifica y se obvia cualquier incumplimiento.

En otras, como la defensa de la DGA de la posibilidad de destinar recursos obtenidos por endeudamiento a gasto corriente, no se han tenido en cuenta y se han confirmado las tesis de la Cámara. Por su parte, el portavoz del Gobierno de Aragón en funciones, Roberto Bermúdez de Castro, insistió –desde "el respeto al criterio de la Cámara de Cuentas"– en las discrepancias con algunas de las conclusiones, como, por ejemplo, en contratación.