Antonio Losilla, de 57 años, en prisión provisional como presunto autor de la muerte y descuartizamiento de su esposa, Pilar Cebrián, compareció ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón con la esperanza de que los magistrados anulen las pruebas que le incriminan directamente en el homicidio, cometido en abril de 2012. Su abogado, el penalista Javier Notivoli, solicitó la nulidad de las escuchas telefónicas y de la prueba del P300 y que se elimine del sumario la "mal llamada confesión" que su cliente hizo delante del secretario judicial y de los policías cuando estaban registrando su domicilio de Ricla en busca de pruebas del crimen poco después de ser detenido.

El acusado contó ese día de octubre de 2012 que cuando el 2 de abril anterior regresó a casa sobre las 17.00 discutió con su mujer porque esta le dijo que quería ver sus joyas y, durante el forcejeo que mantuvieron, ella se golpeó con la manilla de una puerta, cayó al suelo y empezó a sangrar por la nariz y una oreja. Contó que la dejó allí tirada y se fue a cenar a un restaurante de La Almunia. Cuando regresó esperó a que coagulara la sangre, puso una sábana y un plástico sobre una mesa y comenzó a diseccionarla. Después, hizo "paquetes pequeños" para "no levantar sospechas" y los esparció en un tramo entre La Almunia y Zaragoza que nunca han sido encontrados.

Su abogado alegó ante el tribunal que su cliente hizo esa manifestación sin presencia letrada y sin que le fueran leídos sus derechos, lo que, a su juicio, la invalida puesto que no se garantizó su defensa. Notivoli admitió que en una diligencia de entrada y registro no es preceptiva la presencia del abogado, pero "sí" debería haberlo sido cuando el sospechoso empezó a declarar. En ese momento, señaló, debería haber sido avisado su letrado. "Pero no me llamaron hasta 20 segundos después de que terminara de hablar", expuso.

Añadió que esa declaración no fue después ratificada ante el juez, por lo que debe ser anulada para evitar que el tribunal popular que juzgue a Losilla la escuche. En su opinión, salvo esas declaraciones no hay "ningún indicio" contra su cliente.

Con respecto al conocido como test de la verdad, Notivoli apeló al derecho de un imputado a no declarar contra sí mismo y a guardar silencio y recordó que su cliente accedió a hacérsela porque se lo "ordenó" el juez. "¿Qué derecho hay entonces a hurgar directamente en su cerebro si no quiere hablar?", preguntó.

Las respuestas vinieron de parte de la Fiscalía, las acusaciones particulares, ejercidas por las letradas Laura Vela y Soraya Laborda, y el abogado de la Comunidad Autónoma, José Luis Gay. Estos plantearon que las escuchas fueron correctas y suficientemente motivadas, que la confesión no fue una diligencia "policial" sino "judicial" y practicada delante de un secretario que dio fe, es una prueba "preconstituida" que no se puede invalidar y que el jurado tiene derecho a conocer. En cuanto al P300, el fiscal no le ve el perjuicio si salió negativa y Gay mantuvo que prima el principio de colaboración con la Justicia.