Los consejeros que son diputados renuncian a cobrar las dietas de asistencia

La DGA solicita a Madrid iniciar el proceso para firmar el pacto bilateral de financiación que reconoce el Estatuto. Advierte además que debe consultar a la Comunidad al hacer el Presupuesto.

El consejero Vicente Guillén, ayer tras el Consejo de Gobierno.
El consejero Vicente Guillén, ayer tras el Consejo de Gobierno.
O. Duch

No recibirán dietas por hacer su trabajo. Los consejeros del nuevo Gobierno aragonés anunciaron ayer que han renunciado a cobrar las dietas de asistencia al Parlamento, derecho que, aunque es una anomalía, aprovecharon la mayoría de los Ejecutivos anteriores. Según marca el reglamento de las Cortes, todos los diputados que no reciben el sueldo completo del Parlamento pueden cobrar una dieta por asistencia. Así, cada vez que los consejeros con acta parlamentaria iban al pleno o una comisión, podían cobrar por ello.


Esta situación no se repetirá esta legislatura. El consejero de Presidencia y diputado autonómico por Teruel,Vicente Guillén, anunció ayer "la renuncia expresa" de estas dietas por parte de todos los posibles beneficiarios. Además de Guillén, se encuentran en esta situación el propio Javier Lambán, la consejera de Educación, Mayte Pérez; y la consejera de Innovación y Universidad, Pilar Alegría.


Este anuncio fue el primero que hizo ayer Guillén tras el Consejo de Gobierno. Después, informó de los requerimientos que ya ha lanzado la nueva DGA al Ejecutivo central. Dos fueron especialmente relevantes: convocar la comisión mixta de asuntos económicos y reunir a la Comisión Bilateral para hablar de los presupuestos para 2016.

Un convenio que se resiste

El más relevante fue la exigencia al Ejecutivo de Mariano Rajoy de que convoque a la comisión mixta de asuntos financieros para abordar el derecho que tiene Aragón a un pacto bilateral económico. Este asunto ha sido bastante controvertido hasta ahora, ya que ni PSOE ni PP han apoyado con especial ímpetu esta prerrogativa del Estatuto de Autonomía. Ninguno de estos partidos a nivel nacional ha promovido alguna reunión por este asunto cuando han controlado el Gobierno central.


En concreto, la disposición plantea que Aragón tiene derecho a firmar un pacto financiero similar al que tiene el Estado con el País Vasco y con Navarra. Esto surge del reconocimiento al origen histórico de Aragón que asume el Estatuto y que le confiere ciertos derechos especiales. Esta disposición lleva más de una década en el Estatuto de Autonomía, pero jamás ha habido un intento serio de aplicarla.


El paso dado ayer –probablemente impulsado también por la presencia de CHA en el Ejecutivo autonómico– implica un compromiso del PSOE que se le podrá exigir si alcanza el Gobierno central tras las elecciones generales.


Vicente Guillén trasladó además una segunda exigencia: que el Estado negocie con Aragón la elaboración de los presupuestos de 2016. En principio, el Estatuto marca que el Gobierno central tiene el deber de escuchar las "prioridades" de Aragón en materia de inversiones cada año. El encuentro debería servir por ejemplo para que, ante la duda en dos infraestructuras, Aragón informe al Ejecutivo de cuál le interesa que se acelere.


Sin embargo, esto solo es la teoría del Estatuto. La comisión bilateral ya se ha reunido en otras ocasiones para esta cuestión, pero no siempre lo ha hecho antes de que el Consejo de Ministros presentase los presupuestos. Para que este año se cumpla la disposición del Estatuto, el Gobierno central debería convocar a Aragón en lo que queda de julio.

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