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La Universidad insiste en reclamar que Educación le adelante 14 millones de euros

La institución académica recurre el auto que desestima la medida cautelar de su demanda. Reitera sus argumentos para pedir este abono como parte de la financiación exigida a la DGA.

B. Travesí. Zaragoza Actualizada 02/06/2015 a las 08:32
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La Universidad de Zaragoza ha presentado un recurso contra el auto judicial dictado el pasado 21 de mayo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El fallo emitido por dicha sala desestimaba la medida cautelar solicitada por la Universidad de Zaragoza en su demanda contra la DGA. En ella, la institución académica pedía que el Gobierno le adelantara 14,2 millones de euros a cuenta de lo que calcula que el Ejecutivo autonómico le debe como parte de la financiación básica (una cuantía que asciende a 51,5 millones de euros).

El auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA argumentó el rechazo de la cautelar alegando que la cifra solicitada había sido cuantificada únicamente por una de las partes que habían suscrito el convenio de financiación y que se había determinado aplicando un criterio que no estaba expresamente previsto en él". Por tanto, el TSJA entendió que no se daban los presupuestos necesarios para admitir la medida cautelar, ya que en este caso falta una suficiente determinación -con un importe fijado o admitido por ambas partes- de la prestación concreta reclamada por la demandante", recogía textualmente el fallo.

Con el recurso de reposición planteado ahora, la Universidad insiste en solicitar el abono de esa cuantía (14,2 millones), que se corresponde con la diferencia entre lo que la institución considera que debía haber percibido como financiación básica en este ejercicio 2015 y lo que el Ejecutivo presupuestó efectivamente en las Cuentas públicas de este año.

Los argumentos esgrimidos por la institución académica en su demanda hacen referencia al perjuicio que está causando a sus arcas el (en su opinión) incumplimiento del mencionado pacto de financiación. En concreto, menciona los 3,1 millones que la Universidad ha tenido que asumir como pago de intereses al verse obligada a recurrir a créditos bancarios para paliar su falta de liquidez.

La medida cautelar (desestimada por el TSJA y recurrida ahora) está incluida en el recurso contencioso administrativo presentado contra el Gobierno de Aragón. En la demanda interpuesta por la Universidad se pide que la DGA sea condenada a pagar la cuantía comprometida en el pacto suscrito en el 2011 para satisfacer la financiación básica de la institución.

La cantidad que consigna en su recurso contencioso administrativo es de poco más de 52 millones de euros, cifra a la que suma los 3,1 millones mencionados en concepto de daños y perjuicios por los intereses bancarios que ha tenido que afrontar.

El pacto de 2011

Al margen de cómo derive la medida cautelar y su recurso, el fondo sobre lo que el TSJA debe pronunciarse es el acuerdo suscrito en marzo de 2011 entre la Universidad de Zaragoza y el anterior Ejecutivo PSOE-PAR. Las discrepancias sobre dicho pacto, su interpretación y alcance, es lo que ha originado la demanda interpuesta por el rectorado.

Por parte de la Universidad siempre se ha considerado que dicho acuerdo no tiene un contenido meramente programático sino que establece un compromiso de financiación y una correlativa obligación de pago asumidos por el Gobierno de Aragón, que fijó para ello unas concretas reglas de cálculo del importe de su aportación financiera", según expone en los argumentos de su recurso.

Por su parte, la DGA alega en su escrito ante la Sala del TSJA que el acuerdo es un acto previo de planificación que no autoriza gastos de carácter plurianual" y que precisa de una concreción posterior en función de las dotaciones y la disposición presupuestaria de cada ejercicio.

El convenio ahora en discusión planteaba aumentar paulatina y anualmente los recursos que la Administración transfiere anualmente a la Universidad. En 2012 debía incrementar la partida destinada a la Universidad en 9.790.000 euros; en 2013 el pacto apuntaba a un aumento de 13 millones más y otros 14,8 millones en 2014. A estas cuantías se sumaban otros 15,3 millones para nuevas titulaciones. En total, 53 millones que era el monto que la Universidad reclamaba en principio al Ejecutivo, una cifra que fue luego rebajada en 1,5 millones tras la enmienda de los Presupuestos planteada por las Cortes.







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