El Tribunal Popular que juzga a los dos exresponsables de mantenimiento del Auditorio de Zaragoza por la presunta malversación de 6.728 euros pudo escuchar ayer como el director artístico de este equipamiento municipal, Miguel Ángel Tapia, no escatimaba elogios hacia la labor del funcionario José Luis Martínez Ovejas, para el que la Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión y nueve de inhabilitación absoluta. "Yo tenía absoluta confianza en él", manifestó el máximo responsable de esta instalación.

"Y después de todo lo que ha ocurrido, ¿usted volvería a contratar a esta persona?", le preguntó el letrado que ejerce la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Zaragoza, Emilio Agra. Tras un segundo de reflexión, Tapia se mostró categórico: "Como funcionario ejemplar que es, yo volvería a contratarlo. Seguro". La inesperada respuesta descolocó al abogado, que al escuchar preguntar después a la magistrada presidente si Tapia era testigo de la acusación o de la defensa, no pudo por más que apostillar: "De la acusación, con gran pena".

La Fiscalía y el Consistorio acusan tanto a José Luis Martínez Ovejas como a Juan Carlos López de Ramón –trabajador de ASC, empresa que tenía adjudicado el mantenimiento del edificio– de apropiarse de material informático que compraban con cargo al presupuesto del Auditorio. A este respecto, el director del edificio reconoció que era él quien firmaba las certificaciones que le presentaba el funcionario. "Algunas veces pedía explicaciones de algún concepto, pero normalmente me fiaba de él, porque yo no podía comprobarlo todo", manifestó.

La sesión de ayer se inició con la declaración del acusado Juan Carlos López de Ramón, quien a la hora de explicar cómo le pagaba la empresa ASC reconoció que parte de su sueldo lo cobraba en B. Según el encartado, esta cantidad era variable y representaba un porcentaje del beneficio que ASC obtenía cada mes por la inversión realizada en el auditorio. Para la Fiscalía, esa podría ser precisamente la razón que le llevaba a solicitar material innecesario. De hecho, la acusación pública dio lectura a un correo electrónico intervenido por la Policía al acusado en el que, cuando el gerente de ASC le preguntaba por qué estaba pidiendo ordenadores portátiles, ‘tablets’ o teléfonos móviles, López de Ramón le decía que no se preocupara por el uso que le diera el Auditorio, que su empresa ganaba más.

El encausado negó tajantemente que se apropiara de ningún material, pero el gerente de ASC, que declaró como testigo, explicó que este trabajador recogió material informático que pagó su empresa, se cobró al auditorio y ninguno de estos dos últimos tienen.