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Una protectora inhabilitada por maltrato animal continúa recogiendo perros

La DGA vuelve a investigar a la asociación Catuscán por numerosas faltas administrativas.

Andrea Gil. Zaragoza Actualizada 08/07/2015 a las 07:30

El Departamento de Medioambiente del Gobierno de Aragón investiga a la protectora de animales Catuscán, en Garrapinillos, por no cumplir con la resolución sancionadora de la DGA que le prohíbe acoger animales durante cuatro años por un presunto delito de maltrato animal y después de varias inspecciones del Seprona y de los veterinarios de la Oficina Comarcal Agroambiental (OCA). Los agentes constataron que no tenía permiso de núcleo zoológico ni licencia de actividad.

Pese a la prohibición, la representante de la asociación (M. P. G. S., de 54 años) continúa recogiendo perros o, por lo menos, intentándolo, según fuentes del Centro Municipal de Protección Animal de Peñaflor. Además, las mismas fuentes aseguran que la mujer organiza eventos para recaudar fondos y así seguir funcionando como protectora. Por último, se sospecha que, tras el cierre de las instalaciones en las que desarrollaba su actividad, M. P. G. S. trata de poner en marcha un nuevo espacio donde acoger animales, ya que el pasado marzo se localizaron diez perros y un caballo en un nuevo terreno en Garrapinillos, que la investigada afirmó que era de su propiedad.

Numerosas inspecciones

Tras haber recibido varias denuncias por parte de propietarios de canes –que habían dejado a sus animales allí y aseguraron que no estaban en buen estado–, en 2014 el Seprona y los veterinarios de la DGA practicaron un registro en el camino de Las Balsas, donde se encontraban las instalaciones de Catuscán. Ya habían visitado el centro en 2013. Según fuentes de la OCA, después de la inspección los agentes constataron que las condiciones higiénico-sanitarias no eran las adecuadas.

Además, el Seprona imputó a M. P. G. S. un presunto delito de maltrato animal en septiembre de 2014 ya que, después de las dos anteriores inspecciones, la Guardia Civil encontró un perro muerto y 60 canes más encerrados en jaulas sin vacunación contra la rabia. Fueron rescatados y acogidos en el centro municipal de Peñaflor. Los agentes notificaron que había numerosas faltas administrativas. Se procedió a clausurar la perrera y la DGA expidió una resolución el pasado diciembre por la que se inhabilitaba a Catuscán durante cuatro años para adquirir animales y se cerraban las instalaciones. Se sancionó a la protectora con una multa de 11.500 euros.

Pese a la resolución de la DGA, M. P. G. S. no cesó en su actividad y fue detenida este abril por un delito de desobediencia a la autoridad. La Guardia Civil se personó en una parcela de su propiedad tras conocer que había quebrado la prohibición del Gobierno. En esta ocasión, se encontraron decenas de animales en pésimas condiciones. Cinco de ellos fueron trasladados a Peñaflor.

Además de violar la resolución e intentar recuperar a los canes, se tiene constancia de que M. P. G. S. acogía, en otro terreno en el camino de los Perdigones, diez perros y un caballo, según un informe policial. Cuando los agentes preguntaron sobre la procedencia de los animales, la mujer explicó que desarrollaba la actividad de protectora como Catuscán y que la parcela era suya. Confesó no tener licencia de actividad o de núcleo zoológico, según el escrito policial. No se tienen más noticias sobre la actividad de la asociación.

"Persona non grata"

Desde el Centro Municipal de Protección Animal señalaron que M. P. G. S. es persona "non grata" en sus instalaciones. Al parecer, la mujer ha tratado de recuperar los animales que le fueron decomisados en varias ocasiones, como también confirmaron fuentes del Departamento de Medioambiente. Ante la negativa del CMPA a devolvérselos, presuntamente amenazó a los voluntarios del centro. Después del último registro, Peñaflor recibió cinco canes rescatados y, tras solicitarlo en el juzgado, ha conseguido la medida cautelar de adopción temporal de dos ellos.

La Oficina de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza comenzó a redactar un informe para interponer una denuncia a M. P. G. S. por un presunto delito de maltrato animal. Asimismo, solicitan que se tramite la inhabilitación judicial de la asociación Catuscán y se gestione su baja de todos los registros por funcionamiento anómalo de asociación.







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