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El fiscal mantiene que los dos acusados del caso Auditorio se llevaron "mucho más" de 6.728 €

Las defensas le reprochan durante la primera jornada del juicio que impute hechos de los que ni siquiera ha acusado.

M. A. Coloma. Zaragoza Actualizada 07/07/2015 a las 08:55
Los acusados Juan Carlos López de Ramón –izquierda– y José Luis Martínez, ayer, durante la primera sesión del juicio.FRANCISCO JIMÉNEZ

Un Tribunal Popular juzga desde ayer al funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza, José Luis Martínez Ovejas, y a un empleado de la empresa que llevaba el mantenimiento del Auditorio, JuanCarlos López de Ramón, por la presunta malversación de 6.728 euros mediante la compra de material que cargaban al presupuesto de este equipamiento municipal pero del que acababan apropiándose. Tras tres años de instrucción y prolijas pesquisas, la Fiscalía solo ha encontrado base probatoria para cuestionar ocho compras efectuadas entre los años 2008 y 2011, que incluirían ordenadores portátiles, teléfonos móviles o ‘tablets’. Sin embargo, el representante del ministerio público dijo ayer estar convencido de que los encausados se llevaron "mucho más" dinero y que la cantidad que ahora se les reclama sería tan solo "la punta de lanza".

El abogado Emilio Agra, que representa al Ayuntamiento de Zaragoza en su calidad de perjudicado, tampoco ocultó al jurado su convicción de que a través de esta supuesta trama los encartados malversaron mayores cantidades. "Hablamos de la punta del iceberg, porque creemos que se ha difuminado más dinero a través de las facturas", aseguró. El letrado insistió en que el dinero del que presuntamente se apoderaron los acusados era "público, de todos". "Y, pese a la gravedad de los hechos, aún no hemos podido echar a este señor, que conserva su trabajo y sigue cobrando su sueldo del Ayuntamiento", indicó.

Los acusaciones veladas por parte del fiscal y del representante del Consistorio desencadenaron una "enérgica protesta" por parte de las defensas. "¿Cómo pueden venir aquí y decir que los 6.728 euros son solo la punta de lanza o del iceberg? ¿Si hay algo más, por qué no lo han incluido en sus escritos de acusación para que se les condene?", les reprochó Fernando Villanueva, letrado del funcionario municipal. Esta parte recordó al Jurado que se intentó imputar también a los acusados la facturación de unas obras ‘fantasma’ valoradas en 30.000 euros en los falsos techos de las salas Luis Galve yMozart. "Pero un perito certificó que aquellos trabajos se hicieron y al juez no le quedó otro remedio que archivar este asunto", apuntó. "Demostraremos que todo lo demás es también una invención y que todo este asunto es fruto de un proceso político", concluyó.

El abogado José Luis Melguizo, que defiende los intereses de Juan Carlos López de Ramón, recordó a los miembros del Tribunal Popular que este ingeniero llevaba trabajando en el Auditorio desde 1994 y que su labor había sido siempre "modélica". "Que no les engañen, el Ayuntamiento no ha sufrido ningún perjuicio, pero está empeñado en condenar a estos señores porque así podría embolsarse, por incumplimiento de contrato, la fianza de 138.000 euros que tiene retenida a la empresa ASC (adjudicataria del mantenimiento del Auditorio y para la que trabajaba este acusado)", señaló.

Solo pudo declarar un acusado

El acusado que se enfrenta a una mayor pena es el jefe de mantenimiento de la Sociedad Municipal Audiorama Zaragoza, para el que la Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión, así como la inhabilitación absoluta por un periodo de nueve años. Para este, el Ayuntamiento de Zaragoza pide tres años de cárcel y seis de inhabilitación. Para el ministerio público, el técnico de ASC, al que considera cooperador necesario en el delito de malversación, debe ser condenado a tres años y medio de cárcel e inhabilitado durante siete. La asistencia letrada del consistorio propone para este último una pena mayor, cuatro años de prisión, ya que al delito de malversación de caudales públicos suma otro de apropiación indebida. Respecto a la inhabilitación, la fija en seis años.

Durante la primera sesión del juicio –que se prolongará a lo largo de toda la semana– estaba previsto que fueran interrogados ambos encartados. Sin embargo, los prolegómenos de la vista se alargaron más de lo previsto y la magistrada María José Gil Corredera –que se incorporó recientemente a la Audiencia Provincial y dirigía su primer juicio con jurado– optó por aplazar la declaración de Juan Carlos López de Ramón a hoy.

"No, con total rotundidad". Esa fue la respuesta que el funcionario José Luis Martínez Ovejas repitió ayer cada vez que el fiscal le preguntó si se había repartido con el segundo acusado algún material. El encausado recordó que, aunque es funcionario de carrera, el Ayuntamiento le concedió la excedencia para poder incorporarse a la plantilla de la sociedad municipal Audiorama Zaragoza. Es por ello que su abogado insiste en que no cabe acusarle de malversación, delito que se atribuye a empleados públicos que se apropian de dinero del erario en el uso de sus funciones. Martínez Ovejas recordó que, como jefe de instalaciones, él se encargaba "únicamente de supervisar" las certificaciones para ver que todo estaba correcto, "pero no las confeccionaba".







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