El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena sospecha que la Generalitat de Cataluña ni siquiera llegó a pagar a las monjas las cantidades que figuran en los contratos de compraventa de los bienes del monasterio de Sijena, ahora anulados por una juez de Huesca. Así lo hace constar en el escrito de oposición al recurso de apelación presentado por el Ejecutivo catalán contra la sentencia por la que se declaraban nulas las ventas y se ordenaba la devolución de las 97 obras, adquiridas por la Generalitat y por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) en tres operaciones entre 1983 y 1994.

En su escrito, el abogado del Consistorio monegrino, Jorge Español, habla de una "simulación absoluta" en los contratos ya que los demandados "tenían la carga de probar que ese precio se había pagado mediante transferencia bancaria o cheque bancario, tal y como los tres contratos exigen". "Por contra –añade el letrado–, la única y verdadera realidad que hay es que no se ha acreditado" el abono del dinero. Ante ello, el Ayuntamiento se muestra "plenamente convencido de que no se llegó a pagar" cantidad alguna por esas supuestas compras.

Esta no es la única razón por la que Español considera que hay una simulación de contrato, ya que a ello se suma el "precio irrisorio" que se fijó a partir de las tasaciones de la propia Generalitat. "Los bienes en venta valían mucho más que los 300.000 euros en que se valoraron en conjunto", señala el Consistorio en su escrito, al tiempo que estima que el valor real podría rondar "quizá los 3 millones". Otro de las razones que aduce Español para sostener su tesis es que "es impensable que la Generalitat pagase un precio para que el obispado de Lérida siguiese teniendo unos bienes que ya tenía en depósito desde 1972".

A este respecto, recuerda que estas obras de arte que dejaron las monjas de Sijena en el monasterio cuando en 1970 se trasladaron a Barcelona no salieron del cenobio "de forma voluntaria". Según mantiene el letrado, "los sacó mosén Tarragona (delegado de patrimonio de la diócesis de Lérida) con un camión de mudanzas, sin que las monjas lo ordenasen, pues siempre entendieron que su marcha era provisional hasta que estuviese finalizada la nueva fase de obras de restauración que entonces se acometía". Las piezas llegaron a Cataluña en depósito, y años después se firmaron las ventas.

Según el abogado que defiende los intereses de Villanueva de Sijena, los pagos no probados no son la única irregularidad en torno a los contratos. No se contó con la tasación de al menos dos peritos que exige el Código Canónico ni se pidieron las preceptivas autorizaciones administrativas para realizar una venta fragmentaria de un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el monasterio de Sijena... Incluso considera que hay "fraude de ley al pretender burlar claramente estas leyes de patrimonio cultural ocultado a la Santa Sede que se vendían bienes de un BIC". En ese caso, según Español, el Vaticano hubiese exigido, antes de dar permiso, la autorización previa del Ministerio de Cultura en la venta de 1983 y las del Gobierno de Aragón en las posteriores de 1992 y 1994, que difícilmente hubieran logrado.

En su extensa contestación, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena rebate los 29 "supuestos errores" que la Generalitat aprecia en la sentencia, un volumen "tan anormal como ciertamente temerario", a juicio de Español.

Tanto el Ayuntamiento sijenense como el Gobierno de Aragón –también demandante en esta causa–, han pedido esta semana a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca la ejecución de la sentencia dictada el pasado 8 de abril. El objetivo es recuperar las piezas sin tener que esperar a que la Audiencia Provincial resuelva los recursos planteados por la Generalitat y el MNAC. Cabe recordar que el fallo dejaba claro que la apelación "carecerá de efectos suspensivos".