Una semana después de perder la demanda civil millonaria contra Agapito Iglesias, el Gobierno de Aragón ha aportado nuevas pruebas al juez que instruye el caso Plaza para demostrar que el empresario falseó un informe para justificar el "soborno" de 58.000 euros que pagó al exgerente de la plataforma logística, Ricardo García Becerril, a principios de 2006. En su escrito, los servicios jurídicos de la DGA sostiene que este pago supuso un "peaje" para convertirse en subcontratista de la urbanización del polígono bajo sospecha, conseguir la adjudicación "irregular" de la promoción de naves de Plaza judicializada o el beneficio millonario "indebido" por la venta de dos edificios a la sociedad pública. Esta última causa la acaba de perder Plaza en la Audiencia Provincial, que ha rechazado que Agapito Iglesias se beneficiara de un enriquecimiento injusto.

La nueva documentación aportada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza abunda en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que en un informe del pasado verano reveló que el mismo estudio de viabilidad sobre una guardería en Plaza, presentado por Agapito Iglesias para justificar la contratación de Pulsar, la empresa de las dos hijas del exgerente, es el que, previamente, encargó Ricardo García Becerril a una consultora de Barcelona y cuyo coste endosó a la UTEque urbanizó la plataforma logística.

Entonces, se destapó que si a las contratistas les costó 34.800 euros el análisis del centro de Educación Infantil que acabaron abriendo las hermanas García Planté, el empresario les pagó a ellas 58.000 euros. Cuando supuestamente se entregó este encargo, ni Pulsar ni la sociedad de Agapito que lo pagó (Multi-Inversiones 2005) se habían constituido.

El empresario presentó dicho informe al juez para intentar desmontar la tesis de la investigación de que contrató a Pulsar en 2006 como peaje para obtener contratos de la UTE por 673.444 euros entre 2008 y 2009.

Si hace un año se destapó que el estudio de viabilidad no era original, sino una burda copia del encargado con antelación por Plaza a una consultora, ahora la DGA desvela que otra parte del mismo está plagiado de un segundo estudio contratado por la sociedad pública. En este caso, se tratan de siete folios de un análisis de la empresa SPIM sobre la ordenación del centro de negocio de la plataforma logística. "Su contenido es prácticamente idéntico, incluido su formato y presentación, a esos siete primeros folios del informe supuestamente elaborado por Pulsar", apunta.

El Gobierno de Aragón detalla que "única y exclusivamente" se ha alterado la fecha (junio de 2005 en lugar de junio de 2003), los logotipos de las empresas y la ampliación del título "para ajustar más el informe al concepto de la factura emitida en febrero de 2006".

A su juicio, el hecho de que Agapito aportara este informe falso al juez del caso Plaza para justificar el pago a Pulsar de los 58.000 euros "viene a corroborar que constituiría una dádiva o soborno a favor de Ricardo García Becerril".