Serrat insiste en autorizar Magisterio en la privada y la oposición duda de su legalidad
La DGA respalda el proceso y CHA acusa al Ejecutivo de "vengarse" del campus público.
La consejera de Educación, Dolores Serrat, defendió ayer en Las Cortes de Aragón el procedimiento administrativo que se ha seguido para implantar unos estudios que ya existen como tales en la universidad pública. En junio de 2012, se aprobó el acuerdo que regula la programación universitaria entre 2012 y 2015 y que incluyó la prohibición de duplicar enseñanzas en Huesca, Teruel y La Almunia; a pesar de que en años precedentes esto había sucedido ya con grados como Enfermería.
En septiembre de 2013, la USJ hizo la solicitud para tener Magisterio y, en base a este apartado, se le denegó. Sin embargo, en noviembre de 2013, se promulgó la ley estatal de Garantía de Unidad de Mercado y, en junio de 2014, la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado emitió un informe advirtiendo a Aragón de que la prohibición contravenía la ley. Mientras, en enero de 2014, la USJ había presentado su plan al Consejo de Universidades, así como un recurso al Consejo de Unidad de Mercado. Tras lo que ocurrió en junio, el pasado octubre la USJ reiteró su solicitud, que ha logrado el informe favorable del Consejo de Universidades, la Aneca y la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. "Ante esto, el departamento lo autoriza, porque cumple con la normativa, porque sus planes de estudios son diferentes y cuenta con los informes favorables", insistió Serrat.
"Es impropio de un Gobierno que defiende los intereses de todos hipotecar los campus de Huesca y Teruel. Su decisión es arbitraria y personal, debería apoyar la no autorización en aras del principio de necesidad y proporcionalidad", denunció Mayte Pérez (PSOE). IU reprochó a la DGA que "ponga ojitos a la privada" y CHA opinó que estos estudios "favorecen el negocio y se han aprobado porque (a Educación) le ha dado la gana". Además, denunció que es una "venganza" contra el campus público por el conflicto de la financiación. El PAR, que no cuestiona la legalidad de la decisión, sí que coincidió en que podría no haberse autorizado.
