Una avalancha de consultas por parte de las empresas interesadas en construir el hospital de Alcañiz ha obligado al Gobierno aragonés a ampliar en una semana el plazo de presentación de ofertas. La DGA no quiere que por falta de tiempo para aclarar dudas y preparar la documentación, una constructora importante no pueda presentarse a la adjudicación mediante el modelo de concesión de obra pública. Cuando se publicaron los pliegos, el fin del plazo para optar al contrato terminaba el día 9, pero decidió retrasarse hasta ayer, y ahora hasta el próximo martes 24. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que esta es la última vez que se pospone el plazo.

Seis empresas han mostrado su interés por participar en el concurso, todas ellas del sector de la construcción. Se trata de las principales sociedades del sector y no de grupos hospitalarios, porque la sanidad se seguirá gestionando desde el Salud con los mismos profesionales que en la actualidad. Desde que se dio a conocer el pliego de condiciones, el Salud ha recibido 322 preguntas, muchas de ellas repetidas. La mayoría están relacionadas con el apartado económico-financiero. Han consultado cómo realizar la oferta, cómo cumplimentar la documentación o qué servicios no asistenciales deberán prestar.

En principio, la ampliación del plazo no supondrá un retraso en el procedimiento porque se acortará después, aunque sí se aplaza la primera fecha de apertura de sobres, anunciada en un principio para el día 20. Una vez se adjudique la obra, previsiblemente en abril, la empresa adjudicataria tendrá tres meses para redactar el proyecto por lo que las obras empezarían en agosto. El plazo de ejecución contempla un máximo de 30 meses, por lo que el nuevo centro sanitario entraría en funcionamiento a comienzos de 2018.

Cabe recordar que el Gobierno de Aragón ha optado por el modelo de concesión de obra pública porque las restricciones de gasto, estatales y europeas, impiden aumentar su nivel de endeudamiento. La fórmula escogida supone que una empresa acometerá y financiará la obra, además de gestionar, al igual que en todos los hospitales, una serie de servicios no clínicos.

Es decir, el Salud abonará una cantidad anual en concepto de utilización del edificio (que 20 años después pasará a ser público) y por el pago de los servicios no asistenciales que la empresa gestione o explote.

El coste de todo el servicio, obra y externalización, será de 451 millones frente a los 85 que supondría la obra si fuese pública (sin contar con los servicios que asumirá la adjudicataria). El pago se prolongará durante 20 años, cuando el edificio pasará a ser propiedad del Gobierno de Aragón. Tan solo se externalizarán dos nuevas prestaciones: cocina y mantenimiento.

Por otro lado, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos del Bajo Aragón Histórico inició la semana pasada una campaña de recogida de fondos para presentar la primera interposición del recurso contencioso-administrativo contra la construcción del nuevo hospital vendiendo chapas a 1 euro.