El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, retó ayer al presidente del Gobierno a que haga pública antes de las elecciones del 24 de mayo la lista de los 705 contribuyentes que están siendo investigados por el Servicio de prevención de Blanqueo de Capitales Sepblac) y que se acogieron a la amnistía fiscal. En su intervención en un mitin de la localidad madrileña de Alcorcón, dijo que es necesario conocer a los integrantes de la "lista de la vergüenza" antes de los comicios. Además, Sánchez exigió a Rajoy que acepte abrir una comisión de investigación en el Congreso. A su juicio, el objetivo del Ejecutivo con su amnistía fiscal fue construir una "pasarela" para que "sus amigos" no pagasen los impuestos, es decir, "perseguir fiscalmente a los trabajadores y amnistiar a los defraudadores". "Rato, Bárcenas, la amnistía de Rajoy,... si han demostrado algo, es que la cúpula del PP ha hecho de la política su negocio privado", dijo.

Mientras tanto, sigue la investigación sobre el complejo entramado de sociedades de Rato. Según la Agencia Tributaria, la primera pista empezó a ser investigada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu durante la instrucción del caso Bankia. Se trata del pago de 6,2 millones que la banca de inversión Lazard realizó a Rato cuando era presidente de Bankia y que el magistrado trató de averiguar si se correspondía a un trato de favor por diversas adjudicaciones. Y es que parte de ese dinero se abonó en una cuenta en Suiza.

En su declaración ante el juez Andreu en octubre de 2013 por las irregularidades en la salida a bolsa de Bankia, el exvicepresidente económico atribuyó esa transferencia a un "pago en diferido" por su trabajo en Lazard con motivo de la ejecución de unas opciones sobre acciones. Sin embargo, el magistrado solicitó a la entidad los documentos que acreditaban ese pago. De esta forma Lazard admitió que abonó a su exempleado Rato 6,19 millones en mayo de 2011 –cuando ya presidía Bankia– en una cuenta de la que solo aportó la numeración, pero que correspondía al Banco Cantonal de Zúrich. La empresa aseguró que la transferencia se debía a un pago en concepto de acciones restringidas concedidas al comienzo de su relación laboral y que no podían ser transferidas hasta dos años después. Dio la misma explicación para otros 483.000 euros que le abonó en marzo de 2013 (casi un año después de dejar Bankia). Rato trabajó para Lazard entre 2007 y 2010, es decir, desde que abandonó el FMI y hasta que sustituyó a Miguel Blesa al frente de Caja Madrid. Sin embargo, las relaciones entre Rato y Lazard continuaron más allá del fin de su relación contractual. Y es que durante los dos años que Rato dirigió Caja Madrid-Bankia la entidad financiera contrató a Lazard para que elaborase cinco informes de asesoramiento financiero por un importe de 8 millones. Una cantidad que pudo ser superior si se hubiese materializado el contrato de 10,6 millones que Rato le adjudicó en marzo de 2012 –apenas dos meses antes de dejar el cargo– para que buscase una entidad adecuada con la que fusionarse y solventar los graves problemas económicos que asfixiaban a Bankia. Sin embargo, el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri lo abortó.

El pago a Rato de unos supuestos emolumentos en una cuenta en Suiza fue la primera, pero no única, pista sobre el patrimonio oculto en el exterior del exvicepresidente. Y es que a raíz de los problemas con la justicia por Bankia Rato realizó movimientos entres sus sociedades –gran parte de ellas en paraísos fiscales–. Unas acciones que levantaron las alarmas en Hacienda al detectar que se trataba de una "despatrimonialización" para evitar afrontar la fianza de 800 millones impuesta de forma solidaria a Bankia, BFA y a la entonces cúpula de Bankia por la irregular salida a bolsa. De hecho, desde UPyD, que actúa como acusación particular en este caso, se solicitó al juez la retirada del pasaporte de Rato tras confirmar que en los últimos meses ha realizado tres viajes a Suiza, el último el 10 de abril.

Sin embargo, el núcleo central de la investigación se basa en las incoherencias de Rato entre la información que facilitó al acogerse a la amnistía fiscal y los bienes declarados en el extranjero posteriormente. Y es que la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012 eximía a quienes regularizasen su dinero de delito fiscal siempre y cuando fuera "veraz y completa". Además, tampoco exoneraba de otros delitos como el de blanqueo de capitales. Pero como explicó Montoro, la investigación sobre el exdirector del FMI proviene de la declaración de bienes en el extranjero, el denominado modelo 720, introducido en 2013. Fue al comprobar esa declaración presentada por Rato cuando Hacienda descubrió que los datos no coincidía con lo declarado en la amnistía.