“Vemos con estupor que se quiera hacer un negocio con la salud de los trabajadores”

Los sindicatos exigen al Gobierno estar vigilante para evitar el ajuste en
personal y la reducción de calidad del servicio.

Con rechazo y preocupación. Así contemplan los sindicatos la venta por parte de las mutuas de sus sociedades de prevención. "Vemos con estupor que el Gobierno quiera hacer de la salud de los trabajadores un negocio", afirma Benito Carrera, secretario de Salud Laboral de CC. OO. Aragón y miembro de la comisión de control y seguimiento de la MAZ. "No es de recibo que los riesgos laborales queden en manos de grupos financieros o fondos de inversión, más preocupados por obtener beneficios que por investigar las enfermedades profesionales", añade.


En opinión de este sindicalista, "la prevención sale muy poco beneficiada" con esta nueva Ley de Mutuas. "Es un claro guiño a la medicina privada, a la que se abre un nicho de negocio". La imposición del Gobierno, según Carrera, pone también en riesgo cientos de puestos de trabajo. Hay mucha inquietud, critica, entre los 485 trabajadores que emplea la sociedad de prevención de la MAZ y también entre los que dan este servicio para las otras mutuas que operan en la comunidad, al no saber qué nuevos jefes tendrán en abril ni qué criterios aplicarán.


Para José de las Morenas, su homólogo en UGT y también miembro de la Comisión de Control y Seguimiento de la MAZ, son "más de 1.700 empleos en Aragón" los que podrían verse afectados por este cambio de manos de los servicios de prevención. "Esta mercantilización de la salud laboral supondrá una doble pérdida tanto en calidad del servicio como en empleo" ya que en la prevención dejará de primar la calidad asistencial y lo que contará para los nuevos dueños será la "rentabilidad y la cartera de clientes". "Los nombres que suenan para quedarse con las sociedades de prevención de las mutuas son de fuera de Aragón. No nos gusta porque es dejar un servicio tan importante como la prevención sujeto a las leyes de mercado", concluye.


Ambos sindicatos exigen al Gobierno una labor de control y que no permita a los nuevos compradores desmantelar la prevención ajustando plantillas y recursos.