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Corrupción

El juez Pablo Ruz exige a Hacienda que se pronuncie ya sobre la caja B del PP

Ante la negativa de la jefa antifraude, le concede cinco días para que informe sobre las donaciones de 2008 y el IVA de la sede.

Mateo Balín Actualizada 13/04/2015 a las 21:40
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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio ayer un ultimátum a Hacienda, en concreto a la jefa de la oficina antifraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, para que informe a su juzgado en un plazo de cinco
días si el PP debió tributar y en qué cuantía tanto por las donaciones irregulares como por el IVA en las obras de la sede de Génova, que fueron pagadas en parte con dinero negro, 1,7 millones, el 30% del total de la reforma.


El fiscal de la causa de la caja B, Antonio Romeral, apoyó esta nueva diligencia solicitada por el juez después de que la jefa de la ONIF se negara la pasada semana a realizar este informe con el argumento de que la Agencia Tributaria ya había respondido con anterioridad que las donaciones recibidas por el PP en 2008, año no prescrito en la investigación, no tributaban según las Ley de Financiación de Partidos. En total fue un millón de euros.

El juez recordó en el auto que la unidad de auxilio judicial debe prestar cooperación al juzgado y señaló que "la respuesta (de la jefa antifraude) debe rechazarse". Continuó que la tesis de Hacienda para no hacer el informe es "infundada" y dejó abierta la puerta a, si se sigue negando a colaborar, apercibir a la propia García-Valdecasas.


Los peritos de la Agencia Tributaria sostuvieron en dos informes elaborados en septiembre de 2013 y octubre de 2014 que los populares no estaban obligados a tributar por los 7,5 millones en donaciones que, según la contabilidad B del extesorero Luis Bárcenas, habría recibido entre 1990 y 2008. La razón era que estas entregas "se habrían destinado a fines propios del partido", lo que, según la citada Ley de Partidos, les eximiría de tributación. Sin embargo, Ruz recordó que se trata de un asunto controvertido para la Fiscalía y la Sala de lo Penal (órgano superior), ya que la Sección Cuarta determinó en un auto dictado en junio de 2013 que "solo quedan exentas las donaciones privadas que cumplan con el criterio de transparencia legalmente marcado".


En este punto, la investigación ha probado de forma indiciaria que el PP, a través de sus tesoreros imputados, troceaban algunas entregas anónimas en la cuenta de donativos para que no superaran el límite legal de 60.000 euros establecido hasta la reforma legal de 2007. En el citado auto de la sala, los magistrados apuntaban a la "real y no hipotética perspectiva" de que el PP pudiera ser considerado responsable civil subsidiario o partícipe a título lucrativo de los delitos que se habrían cometido.


El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, respondió ayer a Ruz y aseguró que su partido ha colaborado "mucho" con el juez y cree que si ahora los peritos de Hacienda discrepan del instructor "a lo mejor es que el juez se equivoca".







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